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El sistema de detención de migrantes en Estados Unidos atraviesa una transformación profunda durante la nueva administración de Donald Trump.
Aunque gran parte del debate público se centra en las redadas migratorias, otro cambio importante ocurre dentro de los centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como Immigration and Customs Enforcement.
El gobierno federal sostiene que estas medidas forman parte de su plan para ejecutar “la mayor operación de deportación de la historia del país”, mientras que organizaciones civiles y legisladores advierten sobre riesgos humanitarios y falta de supervisión.
Estos son cinco cambios clave que marcan el nuevo rumbo del sistema de detención migratoria.
Más migrantes detenidos.
Uno de los cambios más visibles es el aumento del número de personas bajo custodia de ICE. Actualmente hay alrededor de 70 mil migrantes detenidos, lo que representa un incremento de más del 80 por ciento respecto a cuando Trump asumió nuevamente la presidencia.
Además, el número de centros donde se mantienen detenidos también creció. Este año se reportan 225 instalaciones, aproximadamente el doble de las que operaban hacia el final de la administración de Joe Biden.
Niños y familias bajo custodia.
Otro cambio que ha generado polémica es el regreso de la detención de familias migrantes, incluidos menores de edad.
Uno de los principales puntos es el centro de detención en Dilley, Texas, donde actualmente se alojan cientos de familias mientras esperan la resolución de sus casos migratorios.
Organizaciones y médicos han advertido durante años que mantener a menores en centros de detención puede afectar su salud física y emocional, mientras que el gobierno sostiene que las instalaciones cuentan con servicios educativos y médicos.
Aumento de muertes en centros de detención.
Las cifras oficiales también muestran un incremento en los fallecimientos bajo custodia.
Al menos 31 personas murieron en centros de ICE el año pasado, la cifra más alta desde 2004. En los primeros meses de este año ya se reportan 11 muertes, lo que ha generado preocupación entre legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El gobierno federal sostiene que la tasa de mortalidad no ha aumentado proporcionalmente, argumentando que el sistema se ha expandido y que los detenidos reciben atención médica y servicios básicos.
Almacenes convertidos en centros de detención.
Otro cambio importante es el plan del gobierno para convertir grandes almacenes industriales en centros de detención masivos.
El proyecto contempla crear instalaciones capaces de albergar entre 7 mil y 10 mil personas durante periodos de hasta 60 días, además de centros regionales de procesamiento para miles de detenidos.
Algunos de estos espacios se proyectan en ciudades como El Paso y San Antonio, aunque varios gobiernos locales han expresado preocupación por el impacto en servicios públicos e infraestructura.
Menos supervisión en los centros.
Finalmente, organizaciones civiles advierten que estos cambios ocurren mientras disminuye la supervisión federal sobre las instalaciones.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, encargada de investigar denuncias de abusos, pasó de tener 147 empleados a menos de 40, según documentos judiciales.
Defensores de migrantes señalan que esto podría dificultar la investigación de denuncias por malas condiciones, negligencia médica o abusos dentro de los centros.
👀 Mientras el gobierno estadounidense asegura que busca reforzar su política migratoria y acelerar deportaciones, organizaciones civiles advierten que la expansión del sistema de detención podría traer más riesgos humanitarios y menos transparencia dentro de las instalaciones.
