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A sus 21 años, Sara creyó que llegaría a una vida más estable, pero terminó atrapada en una pesadilla. La joven, originaria de Pakistán, cuenta que el hombre con el que la obligaron a casarse se volvió violento y controlador desde el primer momento. “Encendía un encendedor en mi cara para espantarme y me decía que me iba a quemar”, recuerda.
Su situación se puso peor cuando, en 2022, su esposo la llevó a Reino Unido y ambos se mudaron con los suegros. Lo que le habían prometido como un “futuro mejor” se convirtió en una especie de esclavitud: asegura que la familia política la trataba como si fuera su sirvienta, prohibiéndole salir y cargándola de trabajo doméstico.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 2021 más de 22 millones de personas en el mundo vivían bajo un matrimonio forzado. Y aunque en regiones como América Latina y el Caribe el problema se suele asociar con uniones informales, activistas insisten en que la cifra real es mucho mayor de lo que se alcanza a medir.
En Reino Unido, esta práctica está prohibida desde 2014 y puede castigarse hasta con siete años de prisión. Pero aun así, organizaciones como Karma Nirvana dicen que los casos que logran llegar a tribunales no reflejan la magnitud del problema: mientras la Fiscalía de Inglaterra y Gales reportó 30 procesos el año pasado, esta organización atendió 624 llamadas solo en 2023.
Sara recuerda que en su nueva casa le repetían que si salía a la calle “los británicos la violarían o la matarían”, así que debía quedarse encerrada. Era la primera vez que pisaba ese país y ni siquiera hablaba el idioma.
Con el tiempo, los abusos subieron de tono. Su suegra la llamaba “criada” y la obligaba a encargarse de todas las tareas del hogar. Y cuando Sara cuestionó por qué le habían apagado el wifi del celular, su esposo estalló: le arrojó objetos a la cara, la empujó contra una pared y la tomó del cuello. “Sentí que me estaba ahogando… pensé que me iba a morir”, cuenta.
Esa misma noche, él durmió junto a la puerta para que no escapara. Pero al amanecer, con la cara hinchada y temblando del miedo, Sara reunió el valor para llamar a la policía. En cuestión de minutos, los agentes llegaron y la sacaron de la casa. En diciembre de 2022, fue llevada a un refugio en Leeds, mientras su esposo quedaba arrestado. Ella decidió no continuar el proceso legal por temor a represalias contra su familia en Pakistán.
Finalmente, en julio del año pasado, logró divorciarse. No quiso regresar a su país porque teme que la obliguen a casarse de nuevo y que la estigmaticen por ser mujer divorciada, algo que dice es común allá. Hoy vive en Derbyshire, aprendiendo inglés y tratando de reconstruir su vida.
Sara lanza un mensaje contundente: “Un matrimonio forzado arruina la vida de la otra persona. No solo de las mujeres, también de los hombres. Se debe pensar antes de hacerlo.”
Para dimensionar este problema, el Ministerio del Interior del Reino Unido está preparando el primer estudio de prevalencia para medir realmente cuántas personas están siendo afectadas. Profesores de las universidades de Nottingham y Birmingham, como Helen McCabe, trabajan en una herramienta que permita tener datos más claros y así mejorar políticas públicas.
McCabe subraya lo crucial que es tener estadísticas actualizadas: sin números claros, dice, no se puede saber si la violencia está aumentando, ni si las autoridades necesitan cambiar sus métodos.
El gobierno planea terminar este estudio en marzo, junto con una herramienta que también medirá la mutilación genital femenina. La ministra de Protección y Violencia contra las Mujeres y Niñas, Jess Phillips, lanzó un mensaje directo: “A quienes cometen estos delitos, los llevaremos ante la justicia.”
Un recordatorio de que, detrás de las cifras, hay historias como la de Sara… historias que siguen pasando desapercibidas.
