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El Gobierno federal presentó un convenio con el Barcelona Supercomputing Centre para desarrollar lo que promete ser la supercomputadora más grande de América Latina, un proyecto que el oficialismo presume como un “salto hacia la soberanía tecnológica”. La iniciativa, sin embargo, llega en medio de cuestionamientos por la limitada capacidad de ejecución que han mostrado distintas dependencias durante la administración actual, así como por procesos tecnológicos que en otras áreas no han logrado consolidarse pese a grandes anuncios previos.
Las autoridades aseguraron que la máquina será diseñada por científicos mexicanos en el propio BSC y que superará ampliamente la potencia de cualquier sistema activo en la región. Aunque la magnitud del proyecto es relevante, no han detallado públicamente su presupuesto total ni el plan de infraestructura energética necesario para sostener un equipo de este calibre, un aspecto crítico considerando los constantes problemas del sistema eléctrico nacional. Representantes del gobierno señalaron que la construcción tardará entre dos y tres años, pero evitaron precisar quién será responsable de la integración técnica y del mantenimiento a largo plazo.
A corto plazo, México utilizará directamente capacidad del BSC mientras la supercomputadora nacional se edifica. Con ello se pretende iniciar en enero de 2026 varios proyectos prioritarios, desde modelos climáticos hasta el análisis masivo de datos del SAT y de aduanas. Estas tareas buscan fortalecer herramientas de vigilancia y predicción, aunque especialistas han señalado que iniciativas similares anunciadas en esta administración han quedado a medias por falta de continuidad operativa o por problemas en el acceso a datos confiables.
Los responsables del convenio afirmaron que el sistema mexicano permitirá procesar millones de imágenes satelitales, entrenar grandes modelos de lenguaje y mejorar la capacidad del semáforo aduanero. Sin embargo, el gobierno no ha explicado cómo garantizará la protección y uso ético de la información fiscal y aduanera, un tema especialmente delicado en un contexto donde la centralización de datos ha generado preocupación por posibles usos políticos y discrecionales.
El director del BSC, Mateo Valero, destacó la relevancia de que un país controle su propio cómputo avanzado para evitar depender de empresas tecnológicas extranjeras. Aunque el argumento es sólido, contrasta con la realidad mexicana, donde gran parte de la infraestructura digital pública funciona de manera fragmentada, con sistemas obsoletos y dependencias que siguen sin coordinarse ni compartir estándares mínimos. Los avances en ciencia y tecnología requieren más que una supercomputadora: necesitan políticas estables, financiamiento sostenido y seguridad jurídica, factores que han sido inconsistentes durante el actual gobierno.
El titular de la Agencia de Transformación Digital afirmó que este esfuerzo forma parte del denominado Plan México, una estrategia que, según el discurso oficial, fortalecerá la soberanía tecnológica. Pese a ello, el país sigue enfrentando rezagos significativos en educación científica, en conectividad y en capacidades de innovación, condiciones que ponen en duda la posibilidad de aprovechar plenamente un sistema de supercómputo de esta magnitud. Diversos analistas han advertido que, sin una estructura técnica robusta y sin personal especializado suficiente, el proyecto corre el riesgo de convertirse en otro anuncio grandilocuente sin resultados proporcionales.
El gobierno ha insistido en que el nuevo centro de supercómputo operará con autonomía y con datos bajo control nacional, una promesa que suena ambiciosa pero que requerirá transparencia absoluta para evitar usos indebidos y justificar la inversión. En un país donde la infraestructura pública enfrenta saturación, carencias de mantenimiento y nula continuidad entre administraciones, el reto no será solo construir la supercomputadora más grande de América Latina, sino lograr que realmente funcione, que produzca resultados medibles y que no termine como un símbolo más de promesas incumplidas.
