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En México, más de 30 millones de trabajadores laboran más de 40 horas por semana, lo que equivale al 73% de la población asalariada del país. Este sector sería el principal beneficiado de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que en noviembre presentará ante el Congreso la reforma para establecer una semana laboral de 40 horas, una de las propuestas más ambiciosas del actual gobierno en materia laboral.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 67.7% de estos trabajadores cumple jornadas de entre 40 y 48 horas, mientras que casi 10 millones rebasan las 48 horas semanales. Los expertos señalan que una reducción de la jornada laboral podría transformar de manera estructural el funcionamiento del mercado laboral mexicano, afectando la productividad, la inversión y la composición del empleo.
A pesar de los discursos optimistas del gobierno federal, analistas advierten que la medida podría generar presiones sobre la productividad y el sector empresarial, especialmente si se aplica sin una planeación adecuada. México continúa siendo el país con las jornadas más largas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un promedio anual de 2,193 horas trabajadas por persona, más de 20% por encima del promedio mundial.
La propuesta contempla que la reducción de las horas sea gradual y que el límite de 40 horas se alcance plenamente hacia 2030. Sin embargo, el ritmo de implementación dependerá del consenso político y de la capacidad de inspección laboral del Estado, una de las áreas más débiles del gobierno actual, donde persisten vacíos institucionales que dificultan garantizar el cumplimiento de la ley.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha mencionado que la reforma incluirá incentivos fiscales, deducibilidad total de prestaciones y un esquema flexible de aplicación por sectores. También se plantea crear un comité de seguimiento que evalúe los efectos en la productividad y en el empleo formal.
En América Latina, países como Chile, Colombia y Brasil ya han iniciado la transición hacia semanas laborales más cortas, con resultados mixtos. Según la Organización Internacional del Trabajo, el éxito de estas políticas depende de la manera en que se implementen y de si la reducción se traduce en una disminución real de las horas efectivamente trabajadas.
La iniciativa de Sheinbaum se perfila para ser discutida antes de finalizar el año. No obstante, diversos sectores han criticado que, mientras el gobierno presume avances sociales, ignora los desafíos económicos que enfrenta el país, entre ellos la precariedad salarial y la falta de cumplimiento de derechos laborales básicos.
