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Ciudad de México. Productores agrícolas de varios estados del país iniciaron bloqueos y paros ante la falta de apoyo del gobierno federal y el colapso de las políticas públicas que deberían proteger al campo mexicano. Lo que comenzó como una serie de advertencias se ha convertido en una crisis agroalimentaria sin precedentes, resultado del abandono institucional, el incremento de los costos y el desplome de los precios internacionales.
De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), los costos de producción se han disparado más de 46 por ciento en los últimos cinco años, mientras los precios de los granos se desplomaron más de 40 por ciento desde 2022. El maíz blanco en Sinaloa es un ejemplo claro: los gastos por hectárea pasaron de 35 mil 984 pesos en 2020 a más de 52 mil 900 en 2025, reduciendo las ganancias de los productores de márgenes superiores al 50 por ciento a apenas 12. Esta combinación, según expertos, ha dejado al campo mexicano al borde del colapso.
Pese a las reuniones sostenidas con la Secretaría de Agricultura, los agricultores de estados como Guanajuato y Sinaloa aseguran que el gobierno no ha ofrecido soluciones concretas. La falta de respuesta los llevó a manifestarse en carreteras y centros de distribución, exigiendo la creación de programas eficaces que detengan el deterioro del sector. Reclaman que las políticas del gobierno federal se han centrado en programas asistenciales sin impacto productivo, mientras los mecanismos de apoyo reales fueron eliminados.
El estancamiento estructural del campo mexicano refleja décadas de omisiones. Entre 1994 y 2025, la producción nacional de granos apenas creció 18 por ciento, mientras el consumo aumentó 147. Como consecuencia, la autosuficiencia alimentaria se desplomó de 72 por ciento a apenas 42, forzando a México a depender cada vez más de las importaciones. Actualmente, el país solo produce el 49 por ciento del maíz que consume, el 20 del trigo y arroz, el 80 del frijol y apenas el 5 de las oleaginosas.
Los especialistas advierten que la desaparición de instrumentos clave como el Ingreso Objetivo y la Agricultura por Contrato dejó desprotegidos a los medianos productores, quienes enfrentan solos la volatilidad del mercado. En cambio, los recursos públicos se concentran en transferencias directas de corto alcance que no generan desarrollo ni aumentan la productividad del campo.
Juan Carlos Anaya, director del GCMA, señaló que México vive una tormenta perfecta en su sector agropecuario, provocada por el aumento descontrolado de los costos, la caída de precios y la ausencia de políticas efectivas. Advirtió que sin una reorientación inmediata del presupuesto hacia innovación, tecnología y mecanismos de comercialización, el país podría enfrentar una crisis alimentaria de largo plazo.
La falta de planeación y la inacción del gobierno federal frente a esta emergencia confirman lo que productores y analistas han advertido durante años: el campo mexicano ha sido relegado por decisiones políticas que priorizan el asistencialismo sobre la productividad. Hoy, millones de familias rurales enfrentan las consecuencias de un modelo que, bajo el discurso de apoyo social, ha dejado al campo más abandonado que nunca.
