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En febrero de 2025, México y Canadá consiguieron una prórroga de 30 días antes de que EE. UU. impusiera aranceles del 25 % sobre sus exportaciones. El acuerdo fue negociado tras llamadas urgiendo control migratorio y fronterizo por parte de los gobiernos de Sheinbaum y Trudeau, quienes desplegaron tropas para frenar el flujo de traficantes.
Los cargos de 25 % se habrían aplicado a todos los bienes mexicanos y canadienses, salvo energía canadiense gravada al 10 %. Sin embargo, el gobierno de EE. UU. decidió extender de forma indefinida la exención para el comercio compatible con el T‑MEC, evitando el choque inmediato con el principal socio comercial.
En lo político, Trump atribuyó la suspensión arancelaria a los esfuerzos fronterizos y pidió respeto. México autorizó el despliegue de 10 000 elementos de la Guardia Nacional y entregó carteles a EE. UU., en un gesto diplomático que calmó tensiones momentáneas.
A pesar de la aparente tregua, la amenaza nunca se desvaneció. El aplazamiento expuso la dependencia de ambos gobiernos ante la disposición del Ejecutivo estadounidense para condonar o imponer aranceles según su conveniencia.
El impacto potencial sobre la economía mexicana y canadiense —sector exportador especialmente sensible— podría haber sido devastador. La medida también reveló el poder de EE. UU. para condicionar relaciones comerciales a cambios en política doméstica.
Aunque la exención fue bien recibida, no representa un acuerdo sólido. Canadá y México enfrentan ahora el desafío de evitar una escalada futura en ausencia de negociaciones más profundas que garanticen estabilidad comercial real.
