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Una madrugada cualquiera, un grupo de migrantes encerrados en un centro de detención de Texas vivió una situación tan surrealista como preocupante: los subieron a un autobús, les dijeron que iban rumbo a Libia, y luego… simplemente los regresaron al mismo lugar sin decir ni pío.
Uno de los afectados, un ciudadano filipino, se comunicó con su abogado Johnny Sinodis, radicado en San Francisco, totalmente angustiado. ¿La razón? Le habían dicho que iba a ser deportado a Libia, un país del norte de África con un historial brutal en el trato a los migrantes. “¿Cómo es que un filipino va a terminar allá?”, fue lo primero que se preguntó el abogado, que de inmediato comenzó a indagar lo que estaba pasando.
El migrante en cuestión tenía una orden de deportación hacia Filipinas, su país de origen, y ya estaba listo para que eso sucediera a finales de abril. Incluso había sido movido entre dos centros de detención distintos, terminando finalmente en una instalación del ICE en el sur de Texas.
Pero el miércoles en la madrugada todo dio un giro inesperado: junto a otros 12 migrantes, lo subieron a un autobús blanco y lo llevaron hasta una base donde esperaba un avión militar. Ahí los tuvieron horas, sentados, sin mayor información. Luego, sin más, los regresaron.
Nadie explicó nada. Sinodis trató de contactar al ICE para aclarar qué rayos estaba pasando, pero no obtuvo respuestas.
Y es que, aunque en teoría el avión iba a volar hacia Libia, lo cierto es que nunca despegó con migrantes. De acuerdo con rastreadores de vuelos y un funcionario de defensa, la aeronave cambió de ruta y se dirigió a la Bahía de Guantánamo al día siguiente, pero solo trasladó personal militar, tras la cancelación del supuesto vuelo hacia África.
Este episodio encendió las alertas sobre los planes del gobierno de Donald Trump, que ya había tenido conversaciones con Libia para enviar migrantes desde Estados Unidos. La Casa Blanca se negó a comentar el asunto, pero CNN confirmó que hubo contactos con el gobierno libio.
Lo más grave es que esta movida forma parte de un endurecimiento en las políticas migratorias de Trump, que han sido duramente criticadas por organismos internacionales, incluyendo a la ONU, por el trato que reciben los migrantes en Libia.
Para empeorar el panorama, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia negó rotundamente que exista algún acuerdo con EE.UU. para aceptar deportados. “No hay ninguna coordinación con autoridades estadounidenses para recibir migrantes”, aclararon en un comunicado.
El tema escaló tanto que organizaciones defensoras de migrantes presentaron una moción de emergencia el mismo miércoles, buscando frenar cualquier intento de deportación hacia Libia. En su recurso legal, advirtieron que algunos de sus clientes —entre ellos personas de origen laosiano, vietnamita y filipino— estaban siendo preparados para subir al vuelo que iba al país africano, sin haber recibido ningún aviso oficial ni oportunidad de defenderse.
Esto iba en contra de lo que un juez federal, Brian Murphy, había ordenado el mes pasado: el Gobierno no puede deportar a nadie a un tercer país sin avisar por escrito ni permitir que impugnen esa decisión.
Murphy no tardó en actuar: emitió una orden contundente aclarando que si el gobierno mandaba gente a Libia o Arabia Saudita sin seguir el protocolo, estaría violando flagrantemente la ley.
“El Departamento de Seguridad Nacional no puede sacarse de encima sus responsabilidades migratorias pasándoselas a otras agencias, ni siquiera al Pentágono”, sentenció el juez.
Y dejó algo más que claro: si los reportes eran ciertos, esas deportaciones rompían directamente la orden judicial vigente. Así que, por ahora, los migrantes siguen en el limbo… pero al menos no han sido enviados a una zona tan peligrosa como Libia.
