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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la adquisición de nueve camionetas blindadas para los ministros y ministras que integran el pleno, bajo el argumento de que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad. La compra, que se filtró primero en redes sociales, obligó al alto tribunal a publicar un comunicado para justificar un gasto que choca de frente con el discurso oficial de austeridad y eliminación de privilegios que ha acompañado a la nueva integración del máximo órgano judicial.
De acuerdo con la Corte, la decisión se tomó para garantizar la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional. Bajo esa narrativa, el tribunal anunció la renovación de la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros mediante la adquisición de nueve unidades, una por cada integrante del pleno, en lo que definió como una acción necesaria y plenamente justificada por recomendaciones técnicas.
Los beneficiarios serán los nueve ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, quienes asumieron su cargo el 1 de septiembre. Según fotografías difundidas en redes sociales, el precio por cada camioneta rondaría entre 1.5 y 3 millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje solicitado, un gasto que para muchos ciudadanos resulta difícil de justificar en plena crisis de seguridad y carencias presupuestales en otras áreas del Estado.
El alto tribunal aseguró que la determinación se apoyó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades anteriores ya no garantizaban operación segura. Sin embargo, investigaciones periodísticas han señalado que los vehículos reemplazados eran modelos 2019, 2020 y 2021, lo que vuelve aún más cuestionable la urgencia del cambio y alimenta la percepción de despilfarro disfrazado de “seguridad”.
La SCJN se defendió señalando que actuó conforme a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual contempla la renovación periódica de este tipo de vehículos cada cuatro años o antes si las condiciones del automotor no son seguras. Con ello, intentó presentar la compra como un procedimiento rutinario y una medida administrativa responsable, más que como una decisión política o un privilegio.
Aun así, el comunicado evitó detalles clave: no se informó el costo total de la operación, el precio unitario de cada camioneta, el nivel exacto de blindaje ni la fecha precisa de adquisición. Esa falta de transparencia abre la puerta a sospechas y críticas, especialmente cuando el tribunal se presenta como garante de legalidad y rendición de cuentas.
La polémica crece porque la nueva SCJN llegó al cargo en medio de una campaña intensa vinculada a la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, donde se prometió erradicar corrupción, nepotismo y privilegios. La narrativa oficial insistía en que no podía haber justicia con privilegios, frase que incluso el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pronunció en su primer discurso, y que hoy queda completamente desmentida por los hechos.
La compra de camionetas blindadas se suma así a una larga lista de contradicciones del nuevo discurso institucional: predicar austeridad mientras se blindan con vehículos de lujo pagados con dinero público. La Corte intenta justificarlo como una necesidad, pero el mensaje que termina enviando es otro: la austeridad, una vez más, aplica para la ciudadanía… no para los que están en el poder.
