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Lo que comenzó con aplausos y #selfies hoy está lleno de quejas y dudas. 😓 Miles de miembros de la #GuardiaNacional llevan meses desplegados en #LosÁngeles, y varios soldados admiten que la moral está por los suelos.
Cuando llegaron en enero para apoyar en los incendios forestales, los californianos los recibieron como héroes. Celebridades les daban las gracias y en lugares como Pacific Palisades la gente hasta competía por saludarles en los puntos de control. Pero siete meses después, ese cariño se transformó en abucheos y reclamos en las calles.
El despliegue, ordenado por Donald Trump en junio tras las protestas contra redadas migratorias, ha generado polémica. Aunque la misión era “contener manifestaciones”, ahora incluye tareas que muchos consideran legalmente cuestionables, como apoyar a agentes federales de inmigración.
En entrevistas anónimas, seis soldados (incluidos oficiales) confesaron sentirse incómodos:
“En los incendios nos daban entradas a Disneyland… ahora nadie reparte nada”, comentó uno de ellos con sarcasmo.
Hay datos que preocupan:
🔹 105 soldados buscaron ayuda psicológica.
🔹 Dos comandantes fueron reubicados por oponerse a la misión.
🔹 De 72 efectivos cuyo contrato terminaba, 55 planean no renovar, reduciendo la tasa de retención al 21% (cuando lo normal es 60%).
Algunos soldados incluso se han rebelado de forma inusual, como reportes de militares defecando en Humvees y en duchas, lo que obligó a reforzar la seguridad en los baños de la base en el sur de California.
Aunque los sueldos y beneficios son mejores en esta activación federal, muchos ya quieren regresar a casa. “Esto no es para lo que se creó nuestro ejército”, dijo un oficial. Además, la tensión aumenta porque cerca del 40% de la Guardia Nacional de California es de origen hispano, y la campaña antimigración de Trump ha causado fricciones con sus propias comunidades y familias.
No todos se oponen: un comandante hispano afirmó que él no tiene conflicto porque “los soldados deben obedecer órdenes”. Pero otros se han negado abiertamente a participar en redadas y han sido reasignados.
En la base de Los Alamitos, donde se concentran unos 3,800 efectivos, la rutina va de entrenamientos antidisturbios a largas horas de ocio entre tiendas de campaña gigantes. Fuera de ahí, solo unos 400 soldados han salido a misiones activas.
La presencia militar, que ya costó 134 millones de dólares, está siendo cuestionada en tribunales por posibles violaciones a la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar fuerzas federales para imponer leyes dentro del país. Un juicio clave está programado para agosto.
Mientras tanto, las autoridades locales llaman a la base un “circo” por las carpas y el movimiento militar. “Si pueden hacer esto aquí, pueden hacerlo en cualquier comunidad”, advirtió un funcionario estatal.
