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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, manifestó su oposición a la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) de una prórroga de 90 días para organizar las elecciones judiciales programadas para el primer domingo de junio de 2025. Monreal argumentó que extender el plazo requeriría una reforma constitucional, ya que la fecha está estipulada en la Constitución.
El legislador señaló que la petición del INE es comprensible, pero insistió en que se debe respetar el calendario actual. Atribuyó los retrasos en los preparativos a los consejeros electorales, quienes, según él, demoraron los trabajos al acatar suspensiones judiciales emitidas por jueces de distrito que carecían de competencia para intervenir en este proceso. Monreal aseguró que esta falta de acción fue un error que retrasó el avance de las actividades organizativas.
Monreal destacó que el registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros sigue abierto hasta el 24 de noviembre y afirmó que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo ya cuenta con 4,896 registros, acercándose al mínimo requerido. No obstante, reconoció que desconoce el progreso en los comités del Poder Ejecutivo y Judicial. Ante la posibilidad de no alcanzar el número necesario, mencionó que sería necesario revalidar los procedimientos.
Por otro lado, los coordinadores del PRI y Movimiento Ciudadano, Rubén Moreira e Ivonne Ortega, criticaron la solicitud del INE, calificándola como una muestra de la dificultad para llevar a cabo la elección. Según ellos, esto refleja una falta de planificación y una evidente improvisación en el diseño del proceso, además de subrayar la incapacidad de los poderes involucrados para alcanzar los registros requeridos.
Moreira señaló que la situación evidencia serios problemas en la organización de los comicios, anticipando más errores en el futuro. Ortega, por su parte, calificó el proceso como un reflejo de la descoordinación y falta de seriedad con que se están manejando estas elecciones clave.
La falta de consenso entre los actores políticos y las dificultades operativas dejan en el aire la viabilidad de cumplir con la fecha estipulada, mientras persisten las críticas sobre el manejo del proceso y las decisiones del INE. Esto genera dudas sobre si las elecciones judiciales podrán realizarse de manera eficiente y transparente dentro de los plazos establecidos.
