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La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, entregó a Claudia Sheinbaum el proyecto de iniciativa tras una reunión de más de dos horas en Palacio Nacional. El documento será sometido a una última revisión de la presidenta antes de enviarse al Congreso de la Unión, previsiblemente antes de que termine febrero.
Los ejes de la reforma incluyen la reducción del costo de las elecciones, el recorte del aparato burocrático electoral, mayor fiscalización de recursos para evitar la incursión del crimen en procesos electorales, y la ampliación del voto de mexicanos en el exterior. Hasta aquí, todo suena razonable.
Sin embargo, el punto más polémico es la posible eliminación o reducción drástica de las legislaturas plurinominales, un mecanismo que ha permitido el acceso al Congreso a partidos minoritarios y que garantiza el pluralismo político. Sin plurinominales, Morena consolidaría un dominio casi absoluto del poder legislativo.
La negociación con el PT y el PVEM, aliados satélites de Morena, avanza con tensiones. Ambos partidos saben que su supervivencia depende de las plurinominales, y la amenaza de eliminarlas los coloca en una posición de vulnerabilidad extrema ante el partido dominante.
Sheinbaum dice que no es mandar por mandar, pero la reforma lleva la firma ideológica de un movimiento que busca eliminar contrapesos. Cada reforma que Morena impulsa tiene un denominador común: concentrar más poder en menos manos, debilitando las instituciones que podrían fiscalizar sus excesos.
