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Morena y sus aliados en el Congreso impulsan una reforma constitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), profundizando su militarización. Esta medida modifica 12 artículos de la Constitución y plantea que el mando militar dirija tareas de seguridad pública, una acción que ha generado fuertes críticas desde varios sectores que temen el incremento del control castrense en áreas civiles.
El objetivo de esta reforma es fortalecer las capacidades de la Guardia Nacional, al dotarla de estructura militar para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, opositores señalan que esto vulnera la naturaleza civil de la fuerza, establecida desde su creación.
Además, el Congreso obtendría la facultad de nombrar altos mandos de la Guardia Nacional, consolidando el poder de las fuerzas armadas en las decisiones políticas sobre seguridad. Críticos también advierten sobre los riesgos de que la reforma limite la transparencia y el control democrático sobre estas instituciones.
A pesar de las preocupaciones, Morena defiende que la militarización es esencial para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad en todo el país. Esta postura, sin embargo, ha generado divisiones en el Congreso y entre la sociedad civil, que se preocupa por la concentración de poder militar en tiempos de paz.
Con el avance de esta reforma, queda por ver cómo impactará el equilibrio entre las fuerzas civiles y militares en México, especialmente en un contexto político marcado por la creciente presencia del Ejército en funciones clave de gobierno.
La reforma está programada para ser discutida en los próximos meses, y su resultado podría cambiar el enfoque de la seguridad pública en el país durante el sexenio actual.
