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No solo por la búsqueda de dinero, sino como una forma de protegerse de la violencia de género y obtener poder y respeto en la sociedad, según una investigación de Angélica Ospina-Escobar, de la organización International Crisis Group.
Este fenómeno, que ha llevado a mujeres a participar en actividades delictivas desde robo de vehículos hasta liderar plazas, tiene consecuencias significativas. La incursión temprana en estas organizaciones ha resultado en grupos criminales más fuertes y arraigados en las comunidades donde operan.
La investigadora destaca que estas mujeres, en su mayoría pobres, jóvenes y de familias fragmentadas, buscan pertenencia y protección en estos grupos, lo que tiene un impacto multigeneracional, ya que sus hijos tienen más probabilidades de adoptar una vida delictiva.
Ospina-Escobar subraya la importancia de abordar este problema desde una perspectiva local y diversa, reconociendo que las soluciones no pueden depender únicamente de enfoques militares. Propone procesos de reconciliación local y un mayor entendimiento de las circunstancias de vida que llevan a estas mujeres a unirse a grupos criminales.
La investigación revela que la proporción de mujeres acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado aumentó de 5.4% en 2017 a 7.5% en 2021, representando entre el 5% y el 8% de la fuerza de estos grupos.
