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Naviera Integral, empresa propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, contratista multimillonario de Pemex y cercano al senador Adán Augusto López Hernández, confirmó que dos de sus embarcaciones fueron aseguradas por presunto tráfico de combustible. En uno de los casos, reconoció la intervención directa de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, un hecho que vuelve a colocar bajo sospecha los vínculos entre negocios privados y el poder político.
La confirmación se dio a través de un derecho de réplica enviado a Latinus, luego de que el nombre de Vega Arriaga fuera mencionado en el programa conducido por Carlos Loret de Mola el pasado 3 de febrero. En el documento, la empresa detalla los expedientes abiertos por las autoridades tras el aseguramiento de dos barcos relacionados con el transporte ilegal de hidrocarburos.
En uno de los casos, la propia Naviera Integral admite que la SEIDO tuvo conocimiento de los hechos, aunque en su defensa asegura que no existe relación alguna con actividades de delincuencia organizada. La aclaración, lejos de despejar dudas, refuerza los cuestionamientos sobre cómo una empresa bajo ese nivel de escrutinio ha seguido operando y obteniendo contratos públicos.
El señalamiento no es nuevo. En noviembre del año pasado, una investigación periodística documentó que Pemex continuó entregando contratos millonarios a Naviera Integral pese a sus antecedentes en casos de contrabando de combustible. Estos episodios ocurrieron mientras el discurso oficial prometía combatir frontalmente el huachicol y erradicar la corrupción en el sector energético.
Uno de los casos se remonta a julio de 2020, cuando la Secretaría de Marina aseguró el buque Don Joaquín, propiedad de la naviera, al encontrarlo con presunto diésel ilegal. El segundo episodio ocurrió en abril de 2021, cuando el barco Doña Ángela María T fue sorprendido transfiriendo combustible a otra embarcación en el puerto de Isla del Carmen, en Campeche.
Pese a estos antecedentes, Naviera Integral no solo mantuvo operaciones, sino que siguió siendo proveedora de Pemex, lo que expone una contradicción directa entre el discurso anticorrupción del gobierno federal y la práctica real en la asignación de contratos. La cercanía del dueño de la empresa con Adán Augusto López añade un componente político que agrava las sospechas de trato preferencial.
El caso vuelve a exhibir las grietas del combate al huachicol durante los gobiernos de Morena. Mientras se presume una estrategia firme contra el robo y tráfico de combustible, empresas vinculadas a personajes cercanos al poder continúan acumulando contratos públicos, aun cuando existen expedientes, aseguramientos y la participación de instancias especializadas en delincuencia organizada.
