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Un adolescente de apenas 15 años fue el protagonista del reciente y violento atentado contra Miguel Uribe Turbay, político colombiano y precandidato presidencial, quien sigue en estado crítico tras haber sido baleado en un evento público el pasado 7 de junio en Bogotá.
El joven, que parecía más un niño por su apariencia y vestimenta —pantalones de mezclilla, camiseta verde y el pelo largo— fue reducido en el suelo por agentes de policía luego de disparar con una pistola Glock 9mm importada desde Estados Unidos. Una escena que se viralizó al instante 📱.
El presidente Gustavo Petro confirmó poco después que el atacante era menor de edad y, además, reveló que ya existían antecedentes de su comportamiento: había abandonado un programa educativo de paz que ofrecía el gobierno distrital.
Según fuentes de seguridad, al ser detenido, el adolescente mencionó que había recibido la orden de atacar a Uribe por parte de un personaje conocido como “el hombre de la olla”, quien estaría ligado al mundo del narcomenudeo en la capital.
Esto reavivó una preocupación vieja pero no resuelta en Colombia: el uso sistemático de menores por parte de grupos criminales y armados para cometer asesinatos y otros delitos graves.
Una práctica con historia… y sin freno.
Desde hace décadas, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes ha sido una táctica común de guerra y crimen en Colombia. Cifras recientes de la Defensoría del Pueblo revelan que solo en 2024 ya van 409 menores reclutados, superando los 342 del año anterior, aunque se admite que las cifras reales podrían ser mucho mayores.
Este fenómeno afecta tanto a zonas rurales como urbanas. Mientras en los campos los menores son obligados bajo amenaza a unirse a grupos armados, en las ciudades se suman por “aspiraciones” de poder, dinero o status. Muchos terminan manejando armas, drogas o cobrando extorsiones, y otros tantos, convertidos en sicarios.
De Pablo Escobar a TikTok: el crimen nunca dejó de usar menores
No es algo nuevo. En los años 80, bajo el dominio del Cartel de Medellín, niños fueron entrenados para matar. Algunos se involucraban en misiones suicidas conocidas como “Los Suizos”, y entre los más recordados está John Jairo Arias Tascón, alias “Pinina”, señalado como uno de los asesinos favoritos de Pablo Escobar.
Pinina estuvo vinculado a crímenes como el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y el atentado al vuelo de Avianca 203, que dejó 110 muertos. Se inició en el mundo del sicariato también a los 15 años, y murió en un operativo en 1990.
La historia se repite: ese mismo año, otro menor de 14 años asesinó en el aeropuerto de Bogotá al entonces candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, y poco después, otro joven, Gerardo Gutiérrez “Yerry”, fue señalado como autor del magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez.
Una maquinaria que sigue viva.
Expertos como Jorge Mantilla y Max Yuri coinciden: todos los actores del conflicto armado colombiano han usado menores. Guerrillas, paramilitares, narcos e incluso, en ocasiones, la fuerza pública.
Las causas de este reclutamiento son múltiples: abandono estatal, pobreza extrema, leyes débiles y un sistema penal juvenil que no alcanza a responder a la gravedad del problema.
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima que solo entre 1996 y 2016, al menos 18 mil menores fueron parte de las filas de las FARC-EP, antes del acuerdo de paz.
Pero con la presencia de disidencias como el Estado Mayor Central (EMC), el Clan del Golfo y el ELN, el reclutamiento sigue y hasta ha evolucionado: hoy en día, grupos criminales usan plataformas como TikTok para atraer a los jóvenes más vulnerables 😔.
Una crisis que se sale de control.
En lugares como Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, el fenómeno es aún más fuerte. Solo en Cauca, este año se han identificado 300 casos de menores reclutados. Y según El Tiempo, en lo que va del 2024, se han reportado 1,953 menores desaparecidos, más de la mitad siguen sin ser encontrados. Muchos podrían haber sido absorbidos por el crimen organizado.
Algunos estudios sugieren que el reclutamiento forzado ha crecido hasta en un 1,200% desde la pandemia. Y más de 13 mil adolescentes han sido judicializados por delitos graves en la última década.
El reto es enorme y, según los analistas, el Estado colombiano aún está muy lejos de poder cortar esta cadena que convierte a los niños en armas de guerra.
¿Tú qué opinas, notiamig? ¿Crees que el Estado realmente tiene control de esta crisis o está dejando que se le escape de las manos? 💬👇
