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La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicó por primera vez la reforma a la Ley de Amparo, apenas tres días después de su entrada en vigor, y con ello cerró la puerta a las recusaciones que no estén directamente relacionadas con el fondo de un caso. Este nuevo criterio tendrá efectos inmediatos en los litigios fiscales que enfrenta Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, al limitar los recursos utilizados para prolongar los juicios.
El Pleno de la Corte resolvió una contradicción entre las antiguas salas del tribunal y determinó, con siete votos a favor y uno en contra, que los ministros y magistrados no podrán ser apartados de un proceso por causas accesorias. La decisión busca frenar prácticas que entorpecen los procedimientos judiciales y que, en muchos casos, han sido empleadas por grandes corporaciones para retrasar resoluciones fiscales.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó el proyecto que resolvió la contradicción 65/2025 y explicó que, bajo la nueva ley, las recusaciones solo podrán presentarse cuando existan pruebas claras de falta de imparcialidad o conflicto de interés. Con ello, las recusaciones sucesivas —frecuentes en litigios fiscales como los de Elektra— quedan descartadas como tácticas dilatorias.
Durante la sesión, algunos ministros, como Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, consideraron que no existía una contradicción entre las salas, pero la mayoría del Pleno, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, concluyó que debía resolverse bajo el nuevo marco legal. Aguilar enfatizó que los impedimentos o recusaciones no forman parte del debate de fondo y, por tanto, deben verse como simples trámites procesales.
Con esta resolución, la Corte busca enviar una señal de orden procesal y evitar el uso de recursos legales para manipular los tiempos judiciales. La medida impacta especialmente en casos fiscales de gran envergadura, donde los equipos jurídicos suelen recurrir a estrategias que alargan las resoluciones.
El criterio surge de un caso emblemático: un recurso de revisión en amparo directo promovido por Grupo Elektra contra un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos correspondiente al año 2012. La empresa de Salinas Pliego había presentado múltiples recusaciones contra las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, intentando apartarlas del asunto. Todas fueron desechadas por carecer de fundamento sustantivo.
La aplicación de esta reforma en el caso Elektra representa un precedente de gran relevancia. Más allá del impacto económico, expone la intención de la nueva Corte de frenar los abusos del sistema judicial y reforzar la transparencia en los procesos que involucran a poderosos empresarios con cuentas pendientes con el fisco.
