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Protección Civil y Bomberos de Tula emiten notificación de riesgo en 5 viviendas.
Las empresas IROL Corporativo y Conaisa SA de CV, encargadas del revestimiento y rectificación del Río Tula, han sido objeto de críticas por parte de los vecinos de la margen del afluente. Según los residentes, los trabajos se realizan de manera errática y sin explicaciones claras, amparados por el silencio otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Vecinos Demandaron Fin a la Reserva de Información del INAI.
La vida cotidiana de los habitantes de unas seis colonias se ha visto seriamente afectada no solo por las obras, sino también por las modificaciones al equipamiento urbano. “Están haciendo las bardas de contención en la zona equivocada. Nosotros vivimos y conocemos dónde fue el desbordamiento”, explican los vecinos, preocupados por la falta de planificación adecuada.
Accidentes Frecuentes y Obras Mal Ejecutadas
Los trabajos incluyen el vertido de materiales en el afluente del Río Tula, como se evidencia en videos compartidos por los residentes. Además, las medidas de mitigación de riesgo, como las coladeras en las calles, no son apropiadas para áreas urbanas. “Hay accidentes a cada momento. Las constructoras no están capacitadas para trabajos en ciudad; las bicicletas y motocicletas quedan atrapadas porque las trabes están demasiado abiertas”, afirman los vecinos.
Organización Vecinal Ante la Falta de Transparencia.
Mediante grupos de WhatsApp, los vecinos se organizan para denunciar y alertar sobre posibles crecimientos del caudal del río, que el 20 de septiembre de 2021 provocó la mayor desgracia en los últimos 40 años. La falta de transparencia en los contratos, debida a razones burocráticas y juicios en la Sala Regional Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha permitido que el INAI decrete silencio hasta el 2028.
Exigen Intervención de la Auditoría Superior de la Federación.
Esta situación legal impide que los vecinos conozcan a ciencia cierta la situación de estos trabajos, cuyo costo podría alcanzar los 900 millones de pesos en total opacidad. Ante esto, los residentes han solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que se transparenten tiempos y costos de las obras.
