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Una ofensiva coordinada de la pandilla Barrio 18 sacudió a Guatemala y dejó al menos 10 policías muertos y ocho heridos el 18 de enero, en uno de los ataques más letales contra fuerzas de seguridad en años.
La violencia arrancó un día antes con la toma simultánea de tres centros penitenciarios, donde reos ligados a maras retuvieron a 46 empleados. Ante la gravedad, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días, además del cierre temporal de escuelas a nivel nacional.
El gobierno acusa a actores políticos de estar detrás de los ataques para generar caos; la oposición rechaza esa versión y señala falta de mano firme; el Barrio 18 guarda silencio y apenas menciona malas condiciones carcelarias; y la población, atrapada entre versiones, teme nuevos ataques.
Alertas que no evitaron la tragedia.
Autoridades reconocieron que existían indicios de una ofensiva. Inteligencia penitenciaria detectó un plan días antes y lo compartió con mandos; sin embargo, patrulleros en calle no recibieron una alerta específica. Incluso circularon mensajes previos recomendando evitar a policías y se cancelaron actividades comunitarias, señales típicas cuando se anticipa violencia.
¿Motivaciones políticas?
En el Ejecutivo sostienen que hay intereses para desestabilizar al gobierno, en un momento clave por la renovación de instituciones (Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y la fiscalía). Arévalo ha dicho que conocía amenazas en su contra antes de asumir, aunque no presentó pruebas públicas para señalar responsables.
La respuesta del Estado.
El 18 de enero, fuerzas de seguridad retomaron los penales (Preventivo Zona 18, Fraijanes II y Renovación 1) el mismo día. El objetivo central fue desarticular el motín y capturar a Aldo Dupie, “El Lobo”, líder del Barrio 18, sin víctimas durante el operativo. Por la tarde, Arévalo decretó luto nacional y el estado de sitio, ampliando facultades de seguridad y permitiendo apoyo del Ejército.
Hasta el cierre, se reportaron al menos 25 capturas de presuntos integrantes del Barrio 18 y una de la MS-13. El gobierno incluso apunta a la esposa de “El Lobo” como presunta coordinadora de ataques, versión que avivó la confrontación política.
Reacomodos criminales.
Expertos observan movimientos inéditos: posibles pactos tácitos entre pandillas, expansión territorial del Barrio 18 y desplazamientos hacia la frontera con México. Mientras tanto, en las calles la vida siguió con relativa normalidad, lo que alimenta la percepción de respuesta insuficiente.
Entre pandillas, cárceles y política, la violencia dejó más preguntas que respuestas. 👀🧩
