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Organizaciones civiles que acompañan a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez expresaron su profunda preocupación por la designación de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Durante su gestión al frente del Instituto Nacional de Migración ocurrió el siniestro del 27 de marzo de 2023, que dejó 40 personas muertas, un hecho que sigue marcando a familias y sobrevivientes.
Las organizaciones recordaron que Garduño continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por lo que su nombramiento envía, a su juicio, un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Señalaron que lejos de esclarecer responsabilidades, la decisión parece reforzar la impunidad.
En pronunciamientos públicos, la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración advirtieron que resulta especialmente grave que el cargo asignado no esté respaldado por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo. Esta carencia, subrayaron, alimenta la percepción de que el nombramiento responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo.
Las organizaciones afirmaron que reciben la designación con indignación, pues para las personas lesionadas, las familias de quienes fallecieron y quienes sobrevivieron al incendio, la decisión puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza el olvido institucional frente a una tragedia que costó vidas humanas.
A su vez, enfatizaron que la justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni por reacomodos administrativos, y que las responsabilidades pendientes no desaparecen con un nuevo nombramiento. Para las víctimas, insistieron, el Estado debería priorizar la reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos, no la promoción de funcionarios cuestionados.
El malestar creció luego de que el titular de la SEP, Mario Delgado, informara que Garduño fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum y lo calificara como un funcionario ejemplar. Para las ONG, estas declaraciones agravan el agravio, al minimizar una tragedia que sigue sin justicia plena.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio a la nueva administración federal, que prometió un cambio de rumbo en materia de derechos humanos. Para las organizaciones, el nombramiento de Garduño contradice ese discurso y deja claro que, una vez más, la cercanía política pesa más que la responsabilidad frente a una de las tragedias más graves en materia migratoria de los últimos años.
