amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
Organizaciones civiles demandaron al Estado mexicano que colabore plenamente con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), que realizará una visita la próxima semana, y exigieron transparencia total en el acceso a información e instalaciones. Aunque reconocen que existen avances legales, coincidieron en que la tortura continúa siendo una práctica extendida en el país, sostenida por la impunidad y por mecanismos institucionales que no operan como deberían.
María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que el antecedente inmediato no es alentador: recordó que en la visita anterior del SPT en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le negó el acceso a instalaciones militares en Iguala, Guerrero. Además, subrayó que el informe final de aquella misión —cuyo contenido solo se vuelve público si el gobierno lo permite— terminó conociéndose únicamente después de una batalla legal emprendida por organizaciones a través del entonces Inai.
Aguilar reconoció que existen herramientas normativas para enfrentar el delito, como la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura, además del Registro Nacional del Delito. Sin embargo, sostuvo que los mecanismos clave para prevenirla no funcionan con la eficacia que se requiere, en particular el Mecanismo Nacional de Prevención, que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual, señaló, está lejos de operar conforme a su propósito real.
Además, alertó sobre la persistencia de figuras jurídicas que, en la práctica, chocan con estándares internacionales y elevan el riesgo de abusos. Entre ellas mencionó la prisión preventiva oficiosa, que permite privar de la libertad sin que el Estado tenga que justificarlo caso por caso y abre la puerta a presiones, malos tratos y tortura para fabricar “culpables”. A esto se suman inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones, especialmente respecto a personas detenidas en contextos migratorios que no quedan registradas, lo que genera zonas opacas donde los abusos se vuelven más fáciles de ocultar.
Por su parte, Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que se han documentado casos de tortura no solo en detenciones formales, sino también en anexos, centros de internamiento y como herramienta de represión durante protestas sociales, mencionando episodios registrados en Jalisco. En ese sentido, advirtió que la tortura ya no aparece únicamente como una práctica vinculada al sistema penal, sino como un mecanismo de control que se ha expandido hacia otros ámbitos.
Montiel explicó que en los registros de las organizaciones aparecen como presuntos responsables distintos cuerpos de seguridad y autoridades, incluyendo policías municipales y estatales, personal de fiscalías o procuradurías estatales y también integrantes de la Guardia Nacional. Esa diversidad de actores, subrayó, confirma que el problema no está aislado en una sola institución, sino que se reproduce en distintas capas del aparato de seguridad y justicia.
Bajo este contexto, las organizaciones consideraron que la visita del SPT es crucial para exhibir lo que muchos intentan minimizar: la tortura sigue ocurriendo, se mantiene por redes de encubrimiento y por un sistema que castiga poco y tarde. Por ello, insistieron, el Estado debe permitir acceso completo, entregar información sin filtros y no repetir el patrón de ocultamiento que marcó la visita anterior, porque sin supervisión internacional real, la tortura seguirá siendo un delito conveniente para fabricar expedientes y un costo invisible para las víctimas.
