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Los estados miembros de la ONU han dado luz verde al primer tratado global contra la cibercriminalidad, un acuerdo que ha sido recibido con fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos y grandes empresas tecnológicas. A pesar de la controversia, el tratado fue aprobado el 8 de agosto de 2024, luego de tres años de intensas negociaciones y un último tramo de dos semanas de discusiones.
Este tratado, que ahora deberá ser ratificado por al menos 40 países antes de entrar en vigor, tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la cibercriminalidad, especialmente en áreas como la pederastia y el blanqueo de dinero. Sin embargo, sus detractores argumentan que el acuerdo es demasiado amplio y podría facilitar una vigilancia global sin precedentes.
El texto permite que un estado solicite a otro la cooperación en investigaciones que involucren delitos graves, lo que incluye la obtención de pruebas electrónicas y datos de proveedores de servicios de internet. Críticos del tratado temen que esta herramienta sea utilizada por gobiernos autoritarios para criminalizar actividades legítimas, como la disidencia política o la libertad de expresión.
Human Rights Watch y otras organizaciones han advertido que el tratado podría ser aprovechado por regímenes que persiguen a periodistas, disidentes, o incluso que criminalizan la homosexualidad. Piden que se asegure que los derechos humanos estén en el centro de la implementación de este nuevo marco legal.
La aprobación de este tratado refleja las crecientes preocupaciones globales sobre la ciberseguridad, pero también destaca los dilemas éticos y políticos que surgen cuando se intenta equilibrar la seguridad con la protección de las libertades individuales.
