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La reciente participación del sector privado en el ámbito energético de México está prevista para potenciar el atractivo del país para las inversiones. La incorporación de capital privado, especialmente en proyectos de infraestructura y energía, se considera crucial para mejorar la capacidad de generación y distribución de energía en el país.
México ha demostrado ser un mercado estratégico para empresas como Iberdrola, que tiene una capacidad instalada significativa en el país y ha establecido contratos de largo plazo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2022, México representó la segunda mayor fuente de producción de energía para Iberdrola, solo superada por España (El Economista).
La reforma eléctrica de 1997 permitió la entrada de capital privado al sector de generación eléctrica, lo que ha sido beneficioso para el crecimiento y la diversificación de la oferta energética. Sin embargo, los retos persisten, especialmente en términos de regulación y transparencia. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha señalado la necesidad de combatir el rezago en permisos y de revisar la regulación vigente para facilitar las operaciones del sector privado.
A pesar de las críticas y desafíos, el gobierno mexicano ha enfatizado la importancia de la participación privada para cumplir con los compromisos energéticos del país y promover la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. La colaboración entre el sector público y privado es vista como una estrategia esencial para garantizar el desarrollo económico y la seguridad energética de México.
Este enfoque también busca alinear las políticas energéticas con los estándares internacionales y atraer más inversiones extranjeras, consolidando a México como un jugador clave en el mercado energético global.
