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El Gobierno de Perú va con todo para frenar la delincuencia. El primer ministro Ernesto Álvarez solicitó al Congreso poderes legislativos por 90 días, con el objetivo de aprobar leyes que enfrenten el “flagelo de la inseguridad y el crimen organizado”, considerado el principal problema del país.
Álvarez presentó la propuesta durante una exposición en el Congreso sobre el plan de gobierno del presidente interino José Jerí, quien tomó las riendas del país hace casi dos semanas tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte. Ahí, el primer ministro aseguró que ya tiene listo el proyecto de ley de delegación de facultades, y espera que el Consejo de Ministros lo apruebe esta semana o la siguiente.
“El Gobierno asume la seguridad como una cuestión de Estado”, afirmó Álvarez ante los legisladores, y pidió, como es tradición cuando entra un nuevo gabinete, un voto de confianza. Además, aseguró que el mandato político y moral de esta administración es recuperar la autoridad del Estado, restablecer el orden en las calles y garantizar que la ley sea expresión de justicia y no de miedo.
Como parte de las medidas inmediatas, el gobierno interino decretó el martes un estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia del Callao, buscando frenar la escalada de criminalidad tras una manifestación que dejó un muerto y más de 100 heridos la semana pasada.
Álvarez también detalló que se endurecerá el control en los penales, donde la policía dice que bandas criminales coordinan extorsiones. Además, se congelarán fondos en cuentas bancarias de delincuentes, buscando atacar la cadena logística del crimen que siembra terror entre la ciudadanía.
El gobierno de Jerí asegura que hasta julio de 2026, cuando asuma un nuevo presidente, trabajará para garantizar la neutralidad en las elecciones, mientras Perú sigue enfrentando su constante inestabilidad política, con siete presidentes desde 2018 y apenas seis meses para los próximos comicios presidenciales programados el 12 de abril.
