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El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de varios delitos durante su tiempo al frente del Gobierno de Boca del Río, Veracruz, logró que se cancelara la orden de aprehensión en su contra, mientras que la Fiscalía General de la República retiró la solicitud de extradición presentada a las autoridades de Estados Unidos.
Yunes Márquez enfrentaba señalamientos por presunto uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Estos cargos, vinculados a su gestión en Boca del Río, generaron una fuerte controversia, alimentando debates sobre el uso de las instituciones judiciales para fines políticos.
El senador había promovido un juicio de amparo, alegando ser víctima de persecución política, lo que puso en tela de juicio la imparcialidad de las acciones legales en su contra. Su defensa insistió en que los procesos en su contra tenían motivaciones más allá de lo estrictamente jurídico.
La cancelación de la orden de aprehensión y de la solicitud de extradición no implica el cierre definitivo del caso. Una jueza federal otorgó un plazo de tres días para que las partes involucradas presenten pruebas o argumentos adicionales que sustenten sus posturas, dejando abierta la posibilidad de que se reanuden las acciones legales.
Este caso reaviva las preocupaciones sobre la politización del sistema de justicia en México. Aunque Yunes Márquez ha salido momentáneamente airoso, las acusaciones en su contra y las decisiones judiciales generan sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso. El debate sobre la separación entre política y justicia sigue siendo un tema crítico en el país.
