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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una propuesta de reforma a las pensiones que ha generado preocupación entre los trabajadores y expertos financieros. El plan contempla que el Gobierno asuma la responsabilidad de administrar y respaldar a las empresas para garantizar que los trabajadores reciban una pensión de jubilación equivalente a su salario actual, en lugar de la mitad como ocurre actualmente. Aunque la medida no implica la eliminación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), algunos especialistas advierten sobre los riesgos asociados.
En este sentido, López Obrador ha anticipado que se llevará a cabo un análisis exhaustivo para determinar la cuota que el Gobierno deberá aportar en este nuevo esquema, buscando un consenso con el sector privado. Sin embargo, la implementación de la reforma se espera que tenga un impacto significativo a partir del próximo sexenio.
La directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller Pagaza, destaca que la participación del Estado en el ahorro para el retiro de los trabajadores conlleva riesgos tanto para las finanzas públicas como para los propios empleados. El riesgo fiscal radica en que el gasto público en pensiones ya representa cerca del 22 por ciento del gasto total, y la intervención estatal podría reducir aún más la capacidad del gobierno para financiar áreas críticas como salud, educación e infraestructura.
En el ámbito laboral, Siller Pagaza advierte que las pensiones de los trabajadores podrían estar en peligro, ya que el gobierno podría utilizar los fondos en proyectos gubernamentales con objetivos sociales, pero sin garantía de rendimiento financiero positivo. En este escenario, existe la posibilidad de que los recursos de los trabajadores se destinen a proyectos con pérdidas potenciales.
El Director General Editorial de El Financiero, Enrique Quintana, comparte la preocupación al señalar que la aprobación de esta reforma en el Congreso podría generar mayores presiones para las finanzas públicas y un costo fiscal considerable para el Gobierno. La incertidumbre en torno a las consecuencias de este plan de pensiones ha suscitado debates y cuestionamientos sobre su viabilidad y potenciales impactos negativos en la estabilidad financiera del país.
