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Las autoridades guatemaltecas están preocupadas de que la rivalidad entre los cárteles de la droga Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa por el control de municipios en Chiapas se extienda a su territorio, específicamente al “Triángulo Dorado de la Amapola”. Esta área en la frontera con México es conocida por su producción de amapola, que se utiliza para fabricar heroína.
En una entrevista con un medio local, el ministro de Gobernación de Guatemala, David Napoleón Barrientos, expresó su inquietud sobre la posibilidad de que la violencia que se vive en el lado mexicano se propague a Guatemala y cause desplazamientos internos desde Chiapas.
Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o violencia relacionada con la lucha entre los cárteles mexicanos en suelo guatemalteco. Sin embargo, la presencia de campos de cultivo de amapola en la región de San Marcos, cercana a Chiapas, la convierte en un área de interés para estos grupos delictivos.
El gobierno de Guatemala ha respondido enviando a la frontera con México a dos mil elementos de una fuerza especial para reforzar la seguridad y prevenir cualquier amenaza proveniente de los cárteles mexicanos. Este despliegue incluye patrullajes y puestos de control en la frontera, así como el apoyo de la Policía Nacional Civil.
La zona conocida como el “Triángulo Dorado de la Amapola” es rica en cultivos de amapola debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas favorables. Los cárteles mexicanos compran directamente la amapola a los campesinos locales, y la producción de opio es una fuente económica crucial para muchas familias. Un kilogramo de goma de opio se vende por hasta 70,000 dólares.
Según informes de la DEA, los cárteles mexicanos han establecido una colaboración directa con grupos del crimen organizado locales en Guatemala para la producción de opio en laboratorios clandestinos y el tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Esto ha resultado en la detención de varios individuos vinculados a estos cárteles en Guatemala en los últimos meses.
La relación entre la narcoactividad y la vida económica y social de las comunidades locales es evidente, y la presencia de grupos del crimen organizado locales complica aún más la situación.
El gobierno guatemalteco está tomando medidas para abordar esta preocupación y prevenir cualquier escalada de la violencia en la región.
