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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar estimó que el presupuesto federal de 2025 superará los 10 billones de pesos, un aumento significativo comparado con 2024. Este crecimiento en el gasto ha generado inquietudes, ya que el déficit actual del 5.9% del PIB será difícil de reducir al objetivo del 3-3.5% propuesto por Hacienda. A pesar de los compromisos de gasto en programas sociales e infraestructura, incluyendo energías limpias y agua, la preocupación por el manejo fiscal en la administración de Claudia Sheinbaum persiste entre expertos y legisladores.
El aumento presupuestario está justificado por el gobierno en su promesa de impulsar programas de inversión pública en sectores clave como la construcción de viviendas para jóvenes, la transición energética y la infraestructura. Sin embargo, la cifra de 930,000 millones adicionales al presupuesto genera cuestionamientos sobre la viabilidad de mantener la disciplina fiscal, un tema que será central en la aprobación del paquete económico de noviembre.
Por otro lado, Ramírez Cuéllar destacó la prioridad de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para consolidar la generación de electricidad, un sector en el que el Estado pretende mantener su dominio. La transición a energías limpias es una de las grandes apuestas del nuevo gobierno, aunque también se contempla aumentar la participación privada en áreas como transmisión y almacenamiento.
En cuanto a las reformas pendientes, algunas propuestas del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, avanzan con rapidez, mientras que otras, como la relacionada con la Guardia Nacional, aún están en debate en el Senado. La reforma del salario mínimo también es un tema relevante, así como la inclusión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Constitución. Estas discusiones continuarán en los próximos meses, lo que pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno de impulsar sus prioridades sin aumentar el déficit público.
La nueva administración federal tendrá el reto de cumplir con sus promesas, al tiempo que enfrenta las limitaciones fiscales y presiones del sector privado.
