El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente,” sigue enfrentando obstáculos significativos en su tramo hacia Santa Fe, a pesar de las declaraciones optimistas de las autoridades sobre su inminente finalización. Jesús Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ha afirmado que la obra civil en la estación de Santa Fe estará concluida para el 20 de agosto, aunque la apertura al público depende de la certificación y pruebas a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Sin embargo, el proyecto, iniciado durante la administración de Enrique Peña Nieto y continuado bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, ha estado plagado de retrasos y sobrecostos. Originalmente presupuestado en 38 mil millones de pesos, el costo actual del tren ha escalado a 110 mil millones, un aumento que ha generado críticas sobre la gestión y viabilidad del proyecto.
A pesar de que se han completado las inspecciones de seguridad y el derecho de vía necesario para la construcción, el tramo final de Observatorio a Santa Fe, que presenta la mayor demanda y complejidad, aún enfrenta retos importantes. Los vecinos de la zona, que previamente detuvieron las obras por preocupaciones sobre posibles daños a sus viviendas, solo permitieron la reanudación de los trabajos después de que se realizaron las inspecciones necesarias.
El tren, cuya operación completa se espera para septiembre, sigue siendo un tema controversial. Aunque las autoridades locales y federales aseguran que el proyecto avanza según lo previsto, la realidad es que la obra ha sufrido numerosos contratiempos, y su finalización antes de las elecciones presidenciales es vista por muchos como una promesa políticamente motivada más que una certeza.
Este proyecto ha sido presentado repetidamente como un logro de la actual administración, pero los problemas persistentes en su construcción cuestionan la eficiencia y transparencia con la que se ha manejado desde su concepción.