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Guadalajara, Jal. Salvador Ruiz, productor jalisciense, expuso con indignación que las empresas harineras pagan apenas entre cuatro y cinco pesos por kilo de maíz, mientras el precio de la tortilla oscila entre 25 y 30 pesos. Señaló que un kilo de grano llega a rendir hasta un kilo con 600 gramos de tortillas, lo que hace aún más evidente, dijo, la desproporción entre lo que recibe el campesino y lo que ganan los industriales, un problema que se ha agravado sin que el gobierno federal dé una respuesta clara.
El reclamo ocurrió en la delegación de la Sader en Tlaquepaque, donde integrantes de Amigos por el Campo convocaron a conferencia de prensa mientras otros grupos mantenían bloqueos carreteros en diversas zonas del estado. Aunque su organización decidió no sumarse aún a las interrupciones de tránsito, advirtieron que el hartazgo crece ante la falta de soluciones concretas.
Ruiz exhibió ante Alfredo Porras Domínguez, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el desgaste físico que deja el trabajo agrícola. Afirmó que mientras los campesinos enfrentan costos elevados y jornadas extenuantes, la administración federal continúa apoyando a grandes empresas que obtienen ganancias millonarias, sin intervenir para corregir la injusta cadena de precios que afecta a los productores.
En su intervención, el agricultor lamentó que las reuniones con funcionarios terminen siempre en promesas vacías. Aseguró que los apoyos federales solo llegan a quienes poseen hasta cinco hectáreas, dejando fuera a quienes tienen superficies mayores y enfrentan costos proporcionalmente más altos. Esta exclusión, afirmó, es una de las razones por las que los productores han intensificado sus protestas en todo el país.
Ruiz recordó además los múltiples procesos y gastos necesarios para llevar maíz al mercado: maquinaria, siembra, escaldado, cultivo, fertilización, fumigación y el pago de trabajadores, cuyos costos han aumentado significativamente. Pese a ello, dijo, el precio que ofrecen las harineras no cubre ni siquiera lo invertido, lo que coloca a miles de productores en una situación crítica que la administración de Morena no ha sabido atender.
Sin pedir subsidios, Ruiz insistió en que el gobierno federal debe exigir a las empresas procesadoras un precio justo. Afirmó que lo que ocurre es una injusticia que golpea a todo el país, pues sin condiciones dignas para quienes producen el maíz, el campo mexicano seguirá debilitándose mientras la brecha entre agricultores y grandes corporaciones continúa ampliándose.
