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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha destacado que la extracción no autorizada de flora y fauna silvestres constituye un delito doloso, con penas que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión y una multa equivalente a 3 mil días.
De acuerdo con la información proporcionada por la oficina de representación de Profepa, la institución realiza constantes acciones de inspección y vigilancia en este ámbito. Si se detectan irregularidades, se inician procedimientos administrativos que pueden resultar en sanciones administrativas. En casos que involucren actividades con apariencia de delitos, se informa al Ministerio Público Federal para proceder legalmente.
Según lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, la infracción incluye el aprovechamiento extractivo o no extractivo, la posesión, el traslado, la colecta científica, la exportación e importación de flora o fauna silvestres en peligro o extintas en su hábitat natural, sin la debida autorización o incumpliendo disposiciones de la Semarnat.
Las sanciones administrativas pueden ir desde amonestaciones escritas hasta clausuras temporales o definitivas de instalaciones, además de decomisos de ejemplares o sus derivados.
En el ámbito penal, la Fiscalía puede imponer penas de prisión de 1 a 9 años y multas de 300 a 3 mil días a quienes realicen actividades ilícitas relacionadas con tráfico de flora y fauna silvestres protegidas.
En el estado de Hidalgo, se han presentado denuncias por la destrucción de matorrales xerófilos y especies como la biznaga de acitrón, el sotol y el cedro rojo, que son las más extraídas según la experiencia de la Profepa.
Estas acciones se enmarcan en la protección de especies en riesgo, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
