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Un grupo de senadores de diferentes partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano, PAN y el Grupo Plural, ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para introducir la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, gubernamentales y para el jefe de Gobierno de la Ciudad de México en México.
Los legisladores argumentan que el momento para implementar esta medida es ahora, ya que México necesita un sistema electoral que garantice una mayor legitimidad democrática para aquellos que ocupen cargos importantes, en lugar de imponer a candidatos que fueron elegidos con solo el 30 por ciento o menos de los votos, dejando de lado la voz del 70 por ciento o más de los votantes.
Esta propuesta busca maximizar el derecho a votar y ser votado, así como escuchar y representar a las diversas minorías dentro del país para facilitar la construcción de consensos.
Los senadores también argumentan que el sistema electoral actual es polarizante y promueve un enfoque de “estás conmigo o en mi contra” a través del concepto de “voto útil.”
La reforma propuesta establece que en las elecciones presidenciales, el candidato debe ser elegido necesariamente con más de la mitad de los votos válidos emitidos. Si no se alcanza esta mayoría en la primera votación, se llevará a cabo una segunda votación en la que solo participarán los dos candidatos con el mayor número de votos de la primera ronda. Esta segunda vuelta se llevaría a cabo el sexto domingo después de la primera votación.
Para las elecciones de gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se aplicaría un proceso similar, donde el candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Si no se logra esto en la primera ronda, se realizará una segunda votación con los dos candidatos más votados de la primera ronda. Las legislaturas estatales regularán los procedimientos y los términos para la segunda vuelta electoral de los gobernadores.
En resumen, esta iniciativa busca mejorar el proceso electoral en México y garantizar una representación más precisa y legítima de la voluntad del pueblo en las elecciones clave del país.
