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La Contraloría del Estado de Hidalgo puso sobre la mesa una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por la polémica obra del Puente Atirantado de Pachuca, un proyecto que, a pesar de haber costado más de 502 millones de pesos, terminó sin resolver los problemas de movilidad para los que fue creado.
Durante su comparecencia en la glosa del tercer año de gobierno, el contralor Álvaro Bardales Ramírez explicó que el expediente ya está avanzando en el Tribunal y que el objetivo es fincar responsabilidades por el uso de recursos públicos en esa obra y otra igual de costosa: el nuevo Hospital General de Pachuca, que absorbió alrededor de 900 millones de pesos. Ambas fueron construidas en el sexenio de Omar Fayad Meneses (2016-2022) y, juntas, suman más de mil 400 millones de pesos.
Lo peor, amix, es que las dos obras ya tienen tres años y no funcionan como deberían. El hospital sigue sin operar por fallas estructurales, y el puente… pues nomás no arregló el caos vial en la capital hidalguense.
En otro tema, Bardales reveló que encontraron duplicidad de plazas en casi 700 servidores públicos, incluidos 160 regidores y síndicos, todos sin el dictamen que justifique su compatibilidad laboral. Incluso mencionó el caso de una regidora que gana más de 160 mil pesos al mes, y otros funcionarios con ingresos que superan incluso al del gobernador. Este relajo representa un impacto de 500 millones de pesos que pudieron usarse en otros programas.
La observación causó molestia en algunos sectores, y el diputado José María Alejandro Pérez, de Panalh, pidió que no se “denoste” al magisterio. Aun así, el contralor fue claro: la ley aplica para todos y el combate a la corrupción no distingue.
Sobre la revisión de obra pública, la Contraloría encontró de todo: empresas fantasma, constructoras que no entregaron nada, laboratorios chafas que simulaban estudios y varios conflictos de interés. Por eso se aplicaron sanciones como 98 cancelaciones de registros, la baja de mil 207 proveedores, 89 mil constancias de inhabilitación y 571 bajas del padrón por incumplimientos. También dos despachos foráneos que acaparaban la entrega-recepción fueron dados de baja.
En los últimos tres años se han recibido más de 10 mil obras públicas con irregularidades, de las cuales 234 son consideradas graves. Además, se han formalizado más de 14 mil actas de entrega-recepción, y actualmente el padrón estatal tiene 2 mil 500 proveedores entre constructores, compras y servicios. Solo este año se destinaron 5 mil millones de pesos para cerca de 3 mil obras.
Al inicio de la administración también detectaron más de 200 inmuebles en renta, principalmente en la zona metropolitana de Pachuca, pero con nuevas estrategias lograron un ahorro anual de 12 millones de pesos.
Finalmente, salió a tema el famoso caso de la “Estafa Siniestra” o “Maxiproceso”. El contralor informó que el exfuncionario César N., implicado en presuntos desvíos millonarios, fue citado por autoridades en Miami, Florida, para presentarse entre el 28 y 29 de enero de 2026. Hasta ahora, el proceso incluye 95 denuncias penales, 25 presuntos responsables, 15 empresas involucradas y un desvío estimado de 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales 475 millones ya fueron recuperados. También se detectó participación de 10 alcaldes, además de funcionarios de primer y segundo nivel.
