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Seis miembros del cuerpo edilicio que iniciaron el proceso legal informaron que la reapertura del caso surgió tras solicitar una audiencia de control judicial. Los regidores, Patricia González López, Leslie Estefanía Pardo García, Roxana Xochitl López Rodríguez, Oscar Pérez Espinosa, Marcelino Pérez Ramírez y René Miranda Pallares, revelaron a El Sol de Hidalgo que la carpeta de investigación acusatoria contra la alcaldesa Marisol Ortega López fue “archivada” por el Ministerio Público en diciembre de 2023.
La solicitud de la audiencia de control judicial, presentada como recurso legal, tuvo lugar después de que la jueza de Control del Circuito Judicial de Apan, Diana Villarreal Quintero, revocara la decisión del Ministerio Público, reactivando así los procesos de investigación.
Los regidores explicaron que el proceso legal, que comenzó el 25 de agosto de 2023 bajo las carpetas de investigación NUC: 03-2023-0707 ACUM 03-2023-0735 y 03-2023-0713, se vio empañado por lo que consideran “nepotismo”. En diciembre del mismo año, el Ministerio Público determinó que no se había comprobado el delito de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, al no aceptar la decisión, buscaron la audiencia de control.
Indicaron que la resolución favorable obtenida el pasado jueves como agraviados condujo a la revocación de la determinación de no ejercicio por parte de la autoridad legal. Se instruyó al Ministerio Público a continuar con la investigación, ya que consideraron que no se habían tomado en cuenta varias pruebas, incluyendo videos que documentan los hechos, como uno en el que dos regidores se vieron obligados a orinar en una cubeta dentro de la sala de Cabildo.
La regidora Patricia González destacó que, a pesar de proporcionar evidencia visual, esta no fue considerada por la autoridad, y la convocatoria de testigos favoreció descaradamente a Marisol Ortega. Detalló que el material videográfico no fue revisado, y tampoco se amplió y diversificó la lista de testigos, lo que, según ella, habría contribuido al “esclarecimiento de los hechos”.
En este contexto, Marcelino Pérez afirmó que la representación social recopiló pruebas para beneficiar a la alcaldesa, pero no solicitó información relevante a los afectados. La jueza ordenó que se realice un Informe Policial Homologado a la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente a la Delegación Ciudad Sahagún, que, según él, auxilió a los regidores para salir del Ayuntamiento.
Los regidores denunciaron diversas irregularidades en el proceso y cuestionaron la rapidez con la que se “archivó” la investigación, señalando que no es común resolver casos de esta índole en menos de cuatro meses, cuando generalmente llevan “varios años”.
