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En una madrugada cargada de decisiones, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amnistía que otorga al presidente la potestad exclusiva de conceder este beneficio, con el objetivo de esclarecer casos cruciales para el Estado mexicano.
La nueva disposición, impulsada mayoritariamente por Morena y sus aliados, establece que el presidente podrá otorgar la amnistía directa a aquellos que proporcionen información verificable relevante para el país y que estén siendo procesados o sentenciados por algún delito.
Sin embargo, la inclusión de un párrafo ambiguo ha generado controversia, ya que parece contradecir las disposiciones de la propia ley al dejar abierta la posibilidad de aplicar la amnistía a delitos graves, a pesar de que previamente se establecieron restricciones claras al respecto.
La oposición ha denunciado esta ambigüedad, argumentando que podría permitir la amnistía para delitos considerados graves, mientras que Morena defiende lo contrario.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha señalado que la nueva disposición anula efectivamente los artículos originales de la ley al otorgar al presidente la capacidad de conceder la amnistía sin seguir el procedimiento establecido.
Mientras tanto, el mecanismo anterior permitía que una persona en prisión solicitara amnistía ante una comisión especial, que luego presentaba el caso ante un juez federal para su evaluación.
La reforma se justifica en la necesidad de garantizar el acceso a la verdad en casos relevantes para el Estado, rompiendo así el pacto de silencio y combatiendo la impunidad.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del Congreso, con la oposición anunciando acciones legales y algunos legisladores expresando su preocupación por el poder que se otorga al presidente en este contexto.
