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El Congreso mexicano aprobó el 4 de septiembre de 2024 la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados. Con 359 votos a favor, Morena y sus aliados lograron una victoria que reduce el número de ministros de la Suprema Corte y limita su mandato.
La aprobación desató críticas internacionales, especialmente de Estados Unidos, donde el embajador Ken Salazar advirtió que esta reforma podría afectar la confianza de los inversionistas en México, generando preocupación sobre el futuro de las relaciones comerciales.
Los mercados financieros ya han reflejado el impacto negativo de esta reforma, con la caída del peso y la decisión de algunas empresas estadounidenses de frenar sus inversiones en el país. Además, el sector judicial y estudiantes universitarios se han sumado a las protestas, bloqueando las instalaciones del Congreso desde el día anterior a la aprobación.
Con esta reforma, López Obrador busca centralizar aún más el poder en Morena, afectando la independencia del Poder Judicial. La reforma eliminará las pensiones vitalicias para ministros y ajustará sus salarios al tope del presidente, generando inquietudes sobre la equidad y sostenibilidad de estas decisiones.
Las tensiones políticas en México siguen escalando, y la postura del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum frente a esta reforma será clave para el futuro del país.
