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En medio de la discusión sobre la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en México, surge una polémica exclusión que deja a más de 5 millones de empleados públicos fuera de los cambios propuestos. La propuesta, que busca beneficios para el sector privado, plantea un desafío al no considerar a los trabajadores del sector público, quienes seguirían con un límite legal de seis días de trabajo a la semana.
La autora de la propuesta, la diputada Susana Prieto de Morena, justifica esta exclusión argumentando que los empleados públicos, conocidos como burócratas, han mantenido jornadas de 30 o 36 horas semanales, según las necesidades y la naturaleza de sus funciones.
La reforma, que actualmente se centra solo en el sector privado, modificaría el apartado A del artículo 123 de la Constitución, reduciendo la jornada laboral a 40 horas semanales y reconociendo dos días de descanso por cada cinco de trabajo. Esta exclusión ha generado debate sobre la equidad en la legislación laboral y plantea desafíos adicionales, ya que modificar la situación de los trabajadores del sector público requeriría ajustes en las legislaciones locales.
En otros países latinoamericanos, como Chile y Colombia, se han implementado reducciones de jornada laboral, pero en ambos casos, los empleados públicos no fueron incluidos en las modificaciones, generando preguntas sobre la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral y equitativa.
A medida que la reforma avanza en la Cámara de Diputados, se intensifican los debates sobre la inclusión de los trabajadores del sector público y la importancia de abordar las diferencias en las jornadas laborales de manera justa y equitativa para todos los empleados en México.
