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Con 417 votos a favor y 60 en contra, el #Congreso mexicano aprobó una #reforma que ha puesto a medio mundo a debatir. Ahora solo falta la firma del Ejecutivo para que entre en vigor. El cambio toca directamente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población, pero lo que más ruido hace es la creación de una CURP biométrica 🧬.
Este nuevo sistema centralizará datos personales y biométricos como rostro, iris, huellas dactilares y otros identificadores, todo en una Plataforma Única de Identidad (PUI). La idea, según el gobierno, es agilizar trámites y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, organizaciones y expertos advierten que podría convertirse en un “Big Brother” a la mexicana.
📌 ¿Qué tan grande es el alcance?
La reforma establece que todas las personas deberán contar con la CURP biométrica para cualquier trámite público o privado. Además, instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional y el INE tendrán acceso inmediato y sin restricciones a las bases de datos. Lo preocupante, según los críticos, es que no hay ningún requisito de autorización judicial ni supervisión externa para estas consultas.
Incluso, la PUI se enlazará con el Banco Nacional de Datos Forenses, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Alerta Nacional de Búsqueda, que deberá activarse de inmediato tras una denuncia de desaparición.
💬 Voces a favor y en contra.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que “el gobierno no va a espiar a nadie” y que cualquier intervención telefónica sigue requiriendo aval de un juez, activistas como Luis Fernando García, experto en derechos digitales, alertan sobre los riesgos:
“Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de desaparecidos. Es un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México”.
Por su parte, María Luisa Aguilar, del Centro ProDH, recordó que aún hay más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país y que la reforma “no ataca el rezago forense ni la impunidad”.
💥 Oposición política y colectivos alzan la voz.
Desde el Congreso, la diputada Amalia García de Movimiento Ciudadano denunció que la medida “vulnera derechos humanos y la protección de datos”, mientras que Gabriela Jiménez Godoy (Morena) defendió la reforma como un acto “urgente y humanista”.
Los colectivos de buscadores de desaparecidos también reaccionaron con fuerza:
“Esto no es una reforma para encontrarlos, sino para vigilar a quienes los buscan”, publicó el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos en X.
Incluso reclamaron que el Senado nunca abrió un Parlamento Abierto para debatir la iniciativa, a pesar de haberlo solicitado tres meses antes.
