La Cámara de Diputados declaró constitucionales dos reformas clave: una que prohíbe el maltrato animal y otra que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Ambas medidas fueron avaladas por 19 congresos locales, superando el mínimo requerido de 17 para avanzar hacia el Senado y el Ejecutivo.
La reforma al artículo 21 de la Constitución otorga a la SSPC la responsabilidad de formular y coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de gestionar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Este fortalecimiento de atribuciones busca optimizar la colaboración entre los tres niveles de gobierno y centralizar la información necesaria para la investigación y resolución de delitos, bajo la dirección del Ministerio Público.
A través de estas reformas, la SSPC también podrá solicitar información a diversas instituciones para esclarecer hechos delictivos y supervisar el uso de fondos federales destinados a la seguridad pública. Sin embargo, este incremento de competencias ha generado críticas sobre la posible centralización del poder en el Ejecutivo, especialmente bajo la administración de Claudia Sheinbaum, quien deberá implementar estas estrategias en medio de una creciente inseguridad.
Por otro lado, la reforma en materia de protección animal prohíbe el maltrato en la crianza, sacrificio y uso de animales en espectáculos con fines de lucro, además de garantizar su conservación y cuidado. El Congreso tiene 180 días para crear una ley general que regule estas disposiciones, lo que incluirá medidas para prevenir el abuso y atender riesgos sanitarios relacionados con el control de plagas.
Organizaciones como Igualdad Animal celebraron esta reforma, pero enfatizaron la necesidad de que el proceso legislativo sea transparente y cuente con la participación ciudadana. Dulce Ramírez, directora de la organización, pidió a la sociedad mantenerse alerta para evitar que intereses particulares influyan en la redacción de las leyes secundarias.
Aunque las reformas representan avances en diferentes ámbitos, los cuestionamientos sobre su implementación y el uso adecuado de los recursos continúan generando escepticismo. En particular, las críticas hacia Morena y sus aliados subrayan la preocupación sobre la capacidad del gobierno actual para cumplir con los objetivos prometidos sin que se traduzcan en medidas centralistas o poco efectivas.