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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta cuestionamientos por los vínculos de su administración con despachos legales que tienen conexiones con el cartel de los Beltrán Leyva. Según un informe reciente, varios contratos gubernamentales han beneficiado a bufetes asociados con personajes ligados a actividades ilícitas, lo que ha levantado preocupaciones sobre la integridad y transparencia del gobierno estatal.
El reportaje revela que estos despachos han tenido acceso privilegiado a contratos millonarios, sin competencia justa. Las autoridades locales aún no han respondido adecuadamente a las inquietudes, generando un ambiente de desconfianza y dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de estos acuerdos.
Se espera que las investigaciones sobre estos contratos continúen, pero los críticos ya exigen mayor claridad y responsabilidad por parte del gobierno de García. Este escándalo subraya los desafíos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la administración pública de México.
