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La renuncia de Alejandro Encinas al cargo de Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha sacudido la esperanza de que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) cumpla sus promesas de buscar la verdad y justicia en casos emblemáticos de represión, como Ayotzinapa. Su salida es vista como un respaldo al olvido y la opacidad en la investigación de crímenes pasados.
Encinas, con una trayectoria política en la izquierda del país, ha sido un defensor de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad sobre hechos represivos del pasado. Sin embargo, su renuncia deja pendientes importantes, como la Comisión para el caso Ayotzinapa y la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia.
En los últimos meses, se han expresado críticas al papel de los militares en la obstrucción del acceso a archivos y testimonios clave para la resolución de hechos represivos. Este contexto es fundamental para entender la dimisión de Encinas y cómo afectará al impulso de los temas de derechos humanos y justicia en el Gobierno de la 4T.
Organizaciones de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentaron su salida, reconociendo su compromiso con la verdad. Sin embargo, algunos, como los padres de los normalistas de Ayotzinapa, podrían ver esta renuncia como un abandono de las víctimas y un político que no cumplió sus promesas.
El futuro de la búsqueda de verdad y justicia en México queda en entredicho con esta renuncia, y la pugna entre abrir los archivos y mantener la opacidad continúa. La incógnita es si Encinas decidirá revelar los motivos detrás de su renuncia y denunciar a quienes obstruyeron sus esfuerzos.
