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Un grupo de ciudadanos chinos en Florida ha presentado una demanda contra el estado debido a una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis. Esta ley, que entrará en vigor el 1 de julio, prohíbe a los ciudadanos chinos, así como a los de otros países considerados hostiles, comprar propiedades cerca de infraestructuras críticas como instalaciones militares, aeropuertos y plantas de energía. Además de China, la ley afecta a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte.
La American Civil Liberties Union (ACLU) sostiene que la ley fomentará la discriminación y equiparará injustamente a las personas de estos países con las acciones de sus gobiernos. Argumentan que no hay pruebas que respalden que la compra de propiedades por ciudadanos chinos represente un riesgo para la seguridad nacional. La ACLU advierte que esta legislación podría crear “zonas de exclusión” significativas en Florida, perjudicando particularmente a la comunidad asiática.
El gobernador DeSantis ha defendido la ley, afirmando que es necesaria para proteger la seguridad nacional y evitar la influencia de países considerados adversarios. Sin embargo, críticos de la medida, incluyendo organizaciones de derechos civiles, argumentan que la ley es un ejemplo de xenofobia institucionalizada y que tendrá un impacto negativo en el mercado inmobiliario del estado.
Esta ley es parte de un conjunto de medidas impulsadas por DeSantis que buscan restringir la influencia de “países hostiles” en Florida. La comunidad chino-estadounidense y otros grupos afectados han expresado su preocupación, señalando que esta legislación podría resultar en una discriminación y exclusión injusta de los ciudadanos de estos países, independientemente de su estatus legal en Estados Unidos.
