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El escándalo de sobornos que involucra a la empresa holandesa Vitol y a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha estado estancado en la Fiscalía General de la República (FGR) por casi cuatro años. Desde que Vitol admitió en diciembre de 2020, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, haber pagado sobornos por más de 2 millones de dólares a funcionarios en México y Ecuador, y 8 millones en Brasil, no se ha logrado llevar a ningún implicado ante la justicia en México.
La FGR confirmó que la investigación aún está en su etapa inicial, recolectando pruebas para respaldar las acusaciones. Sin embargo, ha rechazado hacer pública la información del caso, a pesar de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó transparentar los detalles por tratarse de un asunto de corrupción gubernamental.
Por su parte, Pemex tardó alrededor de año y medio en identificar a los funcionarios involucrados en los sobornos relacionados con un contrato de 231 millones de dólares para el suministro de etano en la terminal de Pajaritos, en Coatzacoalcos. A pesar de que la empresa reclamó una compensación económica y suspendió contratos con Vitol, la justicia para los responsables sigue sin concretarse.
El acuerdo alcanzado en 2023 permitió que Pemex obtuviera 32 millones de dólares, incluyendo 9 millones por la cancelación de un contrato y 23 millones por concepto de reparación de daños, además de diversos equipos. Sin embargo, el delito inicial de uso indebido de atribuciones ha sido considerado resuelto, dejando dudas sobre la verdadera rendición de cuentas en el caso.
La falta de transparencia en la FGR y la continua colaboración entre Pemex y Vitol, quienes ya discuten nuevos proyectos, cuestionan la efectividad del sistema de justicia mexicano en casos de corrupción de alto perfil.
