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Recientes revelaciones gubernamentales sobre el Expediente Grupo Salinas han generado controversia sobre posibles infracciones al secreto fiscal. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que la información divulgada ya estaba disponible en documentos judiciales y reportes financieros públicos.
El expediente, publicado por la Presidencia en su página web la semana pasada, consta de 16 anexos que detallan la prolongada disputa entre las empresas de Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por créditos fiscales impuestos durante más de una década.
El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de reserva para los funcionarios públicos involucrados en procedimientos fiscales, lo que se conoce como secreto fiscal. Según las fuentes gubernamentales, la divulgación del expediente no infringe esta normativa, ya que contiene información previamente accesible al público.
Tras la revelación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de los créditos fiscales de Grupo Salinas por 63 mil millones de pesos, se anunció la publicación de un micrositio con la documentación pertinente. Esto generó dudas sobre la presunta violación del secreto fiscal.
Sin embargo, el archivo gubernamental solo incluye documentos de acceso público, como informes financieros de Grupo Elektra, Nueva Elektra y Tv Azteca, disponibles en la Bolsa Mexicana de Valores, así como versiones de sentencias de diferentes instancias judiciales.
Aunque la revelación del expediente ha suscitado debate, el gobierno sostiene que no se ha violado el secreto fiscal al proporcionar información que ya estaba disponible para el público en general.
