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Durante años, Elektra fue sinónimo de embargos en colonias de todo el país, con operativos constantes para recuperar motocicletas, pantallas y electrodomésticos de clientes morosos. Hoy, esa imagen se revierte de forma simbólica y contundente: Ricardo Salinas Pliego enfrenta la posibilidad real de que sea el Servicio de Administración Tributaria quien ejecute embargos contra su conglomerado empresarial por adeudos fiscales acumulados durante más de una década.
La confrontación entre el empresario y el Gobierno Federal, marcada por una prolongada estrategia de amparos y recursos legales, llegó a un punto de quiebre tras los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esas resoluciones, el SAT activó formalmente los mecanismos de cobro de una deuda que ya no es una disputa interpretativa, sino una obligación respaldada por sentencias firmes.
El monto exigido asciende a 51 mil millones de pesos, derivados principalmente de ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, aunque la Procuraduría Fiscal ha advertido que otros litigios pendientes podrían elevar la cifra total hasta 74 mil millones de pesos. Grupo Elektra concentra la mayor parte del adeudo, seguido de TV Azteca y Totalplay, lo que coloca a varias de las empresas más visibles del grupo bajo una presión financiera inédita.
En enero de 2026, el SAT notificó a Salinas Pliego un ultimátum claro: cinco días hábiles para manifestar su intención de pago o buscar un acuerdo. El Código Fiscal de la Federación contempla beneficios si el empresario opta por liquidar de manera voluntaria, pero de no hacerlo, la autoridad puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, que incluye el embargo de cuentas bancarias, inmuebles, marcas y otros activos estratégicos.
El impacto potencial va más allá del discurso político del gobierno federal, que insiste en presentar el caso como un ejemplo de justicia fiscal bajo la administración de Claudia Sheinbaum. Un embargo efectivo podría comprometer la operación cotidiana de empresas como Banco Azteca, afectar cadenas de suministro y generar incertidumbre entre inversionistas y mercados, que ya observan con nerviosismo la posibilidad de desinversiones forzadas.
Mientras Salinas Pliego ha respondido públicamente con mensajes desafiantes y minimizando el alcance del conflicto, la realidad jurídica muestra un escenario mucho menos controlable. La nueva integración de la Suprema Corte cerró el camino a más dilaciones legales, dejando sin margen la estrategia de desgaste que caracterizó su defensa durante años.
Si no hay pago ni acuerdo en los próximos días, México podría presenciar un hecho inédito: el SAT ejecutando embargos masivos contra uno de los empresarios más influyentes del país. El hombre que construyó su imagen sobre la disciplina del cobro y el castigo al incumplimiento ahora enfrenta la posibilidad de ver sus propios activos bajo el sello de embargado por el SAT, en un episodio que pone a prueba tanto al sistema fiscal como a la narrativa de poder económico.
