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La Fiscalía de Sinaloa, bajo la administración de Rubén Rocha Moya, se ha visto involucrada en un oscuro encubrimiento tras el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El crimen, de evidente naturaleza política, ocurrió cuando Cuén iba a reunirse con el gobernador en compañía de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López. La manipulación de la escena por parte de la fiscalía estatal ha incriminado al gobierno de Rocha Moya en este trágico suceso.
La versión presentada por Zambada, revelada en una carta mientras se encontraba en Texas, coincide con las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la República. Según estas, Cuén fue asesinado en la casa donde estaba secuestrado el capo. Sin embargo, la fiscalía local intentó encubrir el crimen, presentándolo como un asalto en una gasolinera, en un claro intento de proteger al gobernador y ocultar la verdad.
El asesinato de Cuén fue claramente un acto político, con la complicidad del gobierno estatal. La relación entre Rocha Moya y el crimen se confirma por su uso de la fiscalía como herramienta para eliminar a sus rivales. Desde su llegada al poder, el gobernador ha operado con impunidad, respaldado activamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha brindado una protección incondicional.
El 25 de julio, Cuén acudió a una reunión en una residencia en Culiacán, con la intención de negociar el fin de la persecución política que sufría su familia. El resultado fue su asesinato, mientras que Zambada fue secuestrado y llevado a Estados Unidos. La fiscalía, encabezada por Sara Bruna Quiñónez, cercana al círculo de Rocha Moya, fabricó un montaje para desviar la atención del crimen.
El gobierno de Rocha Moya ha utilizado la fiscalía estatal como un arma contra sus opositores, como lo demuestran los casos de los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, quienes también fueron destituidos mediante acusaciones infundadas. La eliminación sistemática de los rivales políticos ha sido una constante en su administración, siempre con el respaldo del presidente López Obrador, a pesar de los vínculos claros entre el gobernador y el Cártel de Sinaloa.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene que dar explicaciones sobre por qué brindó su apoyo incondicional a un gobernador cuya llegada al poder se dio bajo la sombra de la violencia y el crimen organizado. Las pruebas del nexo entre Rocha y el Cártel de Sinaloa están a la vista, y es imperativo que el gobierno federal explique su papel en la protección de este controvertido mandatario
