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El presidente de la Asociación de la Defensa Integral por los Derechos Humanos de Hidalgo, Gerardo Romero García, ha expresado la necesidad de abolir la figura de la prisión preventiva oficiosa, argumentando que esta práctica atenta contra los derechos humanos y persiste por motivos políticos.
Según el jurista, esta figura fue introducida en el sistema jurídico mexicano con la supuesta finalidad de asegurar el acceso a la justicia. No obstante, sostiene que la sociedad concibe erróneamente que privar a una persona de su libertad es la mejor manera de garantizar la justicia y la seguridad.
Romero destaca que diversos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han instado a México a erradicar la prisión preventiva oficiosa, ya que esta viola los derechos humanos y el debido proceso, contraviniendo la presunción de inocencia.
El defensor legal señala que esta figura, considerada obsoleta, ha sido utilizada como parte de una política penitenciaria que favorece la prisión como medio para evitar la fuga de individuos acusados de delitos. Esto, según él, contribuye a la cultura criminal del país, sin lograr resultados significativos en la lucha contra la impunidad.
En este sentido, propone que los jueces de control penal dejen de recurrir a la prisión preventiva oficiosa, sugiriendo la implementación de otras medidas cautelares que permitan el acceso a la justicia. Argumenta que hasta el momento no se han adoptado acciones más efectivas para combatir estas prácticas generalizadas en el país.
Romero hace hincapié en la distinción entre la prisión preventiva justificada y la oficiosa. Mientras que la primera puede solicitarse al juez por el Ministerio Público debido al riesgo de fuga del acusado, la segunda puede aplicarse sin justificación de la misma medida punitiva.
Actualmente, la prisión preventiva se aplica a delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, feminicidio, violación, así como a delitos fiscales y electorales. Aunque supuestamente se requiere justificar su aplicación con suficiente información sobre los riesgos de fuga del imputado en las carpetas de investigación, el abogado argumenta que existen alternativas como el monitoreo mediante brazaletes que permiten conocer la ubicación en tiempo real de la persona acusada. Sin embargo, reconoce que estas opciones demandan mayores recursos logísticos por parte del Estado, razón por la cual se opta por la prisión preventiva.
