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El presidente de la Asociación de la Defensa Integral por los Derechos Humanos de Hidalgo, Gerardo Romero García, ha propuesto la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en la región argumentando que esto conlleva una vulneración al principio de presunción de inocencia para los imputados.
El abogado, también activista en materia jurídica, ha explicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que México incurre en violaciones a los derechos humanos al privar de la libertad a individuos antes de que se les vincule con un proceso penal, lo que marca el inicio de una investigación legal.
Romero ha enfatizado la necesidad de garantizar acceso a la justicia, evidenciando tintes políticos en las decisiones sobre esta materia, ya que, según afirma, la fiscalía tiende a solicitar la detención preventiva para personas acusadas de diversos delitos.
Subrayó que la defensa de los derechos humanos radica en asegurar la libertad de los individuos, considerando una violación grave a las garantías individuales que los imputados sean privados de su libertad durante los procesos penales.
En este sentido, mencionó que se deben preservar las garantías individuales para que los imputados puedan ser procesados en libertad, proponiendo alternativas más específicas para reparar los daños causados.
El representante legal también considera una medida garantista la posibilidad de aplicar diferentes medidas a personas acusadas de diversos delitos, evitando la homogeneidad en las respuestas legales.
A pesar de los llamados de la CIDH para abolir la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, el gobierno federal ha defendido la permanencia de esta medida como garantía de presunción de inocencia para aquellos delitos que no la justifiquen.
