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La estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación quedó al descubierto tras el hallazgo de documentos contables en la cabaña de Tapalpa donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes. Los registros, dados a conocer por el periodista Antonio Nieto y por El Universal, detallan ingresos millonarios, nóminas de sicarios, gastos logísticos y presuntos sobornos a elementos de seguridad, revelando una organización criminal que operaba con la precisión de una empresa multinacional.
En los registros denominados Gastos de Tapalpa se evidencia la estructura interna del CJNG con una jerarquía precisa: halcones, muchachos base, relevos, corredores y muchachos choke son los cargos que aparecen en la lista. Los pagos van desde 2,900 dólares por 20 halcones hasta 6,030 dólares por 26 muchachos de choke, con un nivel de detalle que incluye el número exacto de personas contratadas en cada rango.
Solo en diciembre de 2025, el CJNG registró ganancias por 8 millones 781 mil 353 pesos en Tapalpa, derivadas de la venta de droga y la operación de máquinas tragamonedas. Las ganancias por narcotráfico superaron los 509 mil dólares mensuales, con sustancias que incluyen marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. En Cocula, una localidad cercana, las ganancias adicionales alcanzaron los 7 millones 846 mil 421 pesos.
Los documentos también mapean la geografía del control territorial del CJNG: Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán aparecen como puntos donde la organización desplegaba recursos. Los gastos reportados en diciembre en estas localidades sumaron más de 4.3 millones de pesos, cubriendo desde gasolina y talleres mecánicos hasta el mantenimiento de oficinas operativas.
Lo que más preocupa a las autoridades son los indicios de pagos a elementos de la Guardia Nacional y militares que aparecen en los registros. Si las narconóminas se confirman como auténticas, no solo revelarían la magnitud económica del CJNG, sino la profundidad de su infiltración en las instituciones del Estado mexicano, una realidad que el gobierno de Sheinbaum ha preferido minimizar públicamente.
