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Ciudad de México. Tras pactar con el gobierno federal el pago de más de 32 mil 132 millones de pesos por adeudos fiscales, el empresario Ricardo Salinas Pliego se desistió del amparo que, mediante su empresa Totalplay, mantenía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra un crédito fiscal de más de 645 millones de pesos, el último litigio pendiente del conglomerado en el máximo tribunal.
El retiro del recurso fue anunciado este jueves por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien no solo informó la decisión sino que la celebró públicamente como un triunfo histórico del Estado de derecho. Según su postura, el compromiso de pago envía un mensaje alentador sobre igualdad en el cumplimiento de obligaciones, sin importar la capacidad económica de los contribuyentes.
El contexto, sin embargo, deja en evidencia un patrón que se repite: décadas de pleitos fiscales, estira y afloja judicial, y al final un cierre que es presentado como victoria institucional, aunque llega después de años de impago, litigios estratégicos y negociaciones que difícilmente habría conseguido un contribuyente promedio.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la Corte resolvió ocho juicios relacionados con Grupo Salinas y confirmó que el consorcio debía pagar créditos fiscales por más de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El caso que quedaba vivo era el amparo directo en revisión 2526/2025 promovido por Totalplay.
Ese litigio incluso había quedado en pausa desde el 19 de noviembre, cuando se retiraron proyectos de resolución elaborados por las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, al detectarse criterios contradictorios, un episodio más que exhibió la politización y la fragilidad del debate jurídico en asuntos que involucran millones y a grupos empresariales de alto poder.
El origen del conflicto se remonta a cuando Totalplay impugnó un crédito fiscal por 645 millones 763 mil 797.87 pesos, determinado por el SAT el 6 de septiembre de 2017 y validado posteriormente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La empresa promovió un amparo directo 823/2017 que fue atraído por la entonces Segunda Sala de la Corte.
En marzo de 2024, la SCJN resolvió a favor de Totalplay y ordenó al TFJA dejar sin efecto la sentencia que avalaba el crédito, además de emitir una nueva donde se reconociera la deducibilidad de comisiones pagadas a distribuidores por 621 millones 960 mil 96.63 pesos, reduciendo de forma sustancial el monto originalmente perseguido por la autoridad fiscal.
Después, en septiembre de 2024, el TFJA declaró la nulidad parcial de resoluciones fiscales respecto de esas deducciones, manteniendo el resto del crédito en casi 24 millones de pesos, y ordenó al SAT emitir una nueva determinación en un plazo de cuatro meses, con base en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Más tarde, Totalplay promovió un segundo amparo directo 635/2024 contra la constitucionalidad de ese artículo 52, argumentando que establece plazos de caducidad que vulneran la seguridad jurídica. El Sexto Tribunal Colegiado lo negó y la empresa llevó el caso nuevamente a la Corte, donde el 25 de abril de 2025 la entonces ministra presidenta Norma Piña admitió el recurso 2526/2025, además de que Hacienda lo impugnó mediante reclamación 291/2025, asunto que terminó heredado a la actual integración del Pleno.
