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La Cámara de Diputados aprobó la reforma que devuelve a Pemex y la CFE su estatus de empresas públicas del Estado, con 350 votos a favor y 111 en contra. La medida prioriza a la CFE en el sector eléctrico frente a compañías privadas. El debate se intensificó cuando se aceptó eliminar la obligación del Estado de liderar la transición energética, lo que generó acusaciones entre los legisladores sobre los riesgos de dejar este proceso en manos privadas.
La reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y ha sido impulsada para revertir los efectos de la reforma de 2013. Sin embargo, la exclusión del párrafo sobre la transición energética causó desacuerdos, con algunos señalando que se debilita el compromiso ambiental del país.
Desde la tribuna, legisladores de Morena argumentaron que la eliminación del párrafo permitiría mayor participación privada en energías limpias, evitando que el Estado sea el único responsable de la transición. La oposición criticó el cambio, advirtiendo que nadie asumiría adecuadamente la responsabilidad de las políticas públicas.
El Partido Verde, que impulsó originalmente el párrafo eliminado, no defendió su postura, lo que fue aprovechado por la oposición para destacar inconsistencias. Legisladores como Rubén Moreira del PRI y Federico Döring del PAN cuestionaron la postura de la mayoría, indicando que se contradicen al buscar un papel preponderante del Estado en algunos temas y limitarlo en otros.
